El juez federal de Paraná que tramita la causa por las quemas en las islas entrerrianas confirmó que otras 49 personas serán indagadas entre el 2 y el 13 de noviembre a instancias de la Fiscalía que, a partir de datos de geolocalización y catastro logró identificarlos como responsables de las tierras donde se detectaron los incendios. Igualmente, el magistrado fue cauto en relación a la posibilidad de avanzar sobre acusaciones penales, formales y concretas, ya que en primera instancia ninguno tiene directa relación con la autoría material de las quemas. Y confirmó que hasta el momento, «no hay detenidos que hayan sido sorprendidos bajo sospecha de causar los daños».
Según describió el juez, se tomarán cinco declaraciones indagatorias por día, entre el 2 y el 13 de noviembre: «Se les va a imputar el delito contemplado en el artículo 186 del Código Penal (incendios, otros estragos y entorpecimiento del transporte). La Fiscalía solicitó la indagatoria a partir de entrecruzar informes de geolocalización, catastro provincial y padrón electoral, donde aparecen registrados como titulares o propietarios de las tierras».
Ahora, y a instancias del fiscal federal de Paraná, Carlos García Escalada, quien habría reunido más elementos para avanzar en la localización de propietarios de las tierras arrasadas por el fuego, se sumarán otras 49 personas a la causa, aunque eso no es indicativo de que tengan directa responsabilidad penal con las quemas. Son ciudadanos de Rosario, Entre Ríos, algunos residen en Buenos Aires y uno en San Luis.
A pesar de la novedad en la pesquisa, el juez Alonso fue cauto y solicitó no confundir a la gente. «Es una situación compleja. Veremos qué pregunta la Fiscalía en las audiencias. Estamos avanzando en cuestiones de tipo administrativas con los dueños de los terrenos. Y en lo penal se debe acreditar directa o indirectamente que una persona es autor, cómplice o encubridor de hecho, en este caso de los incendios. Y eso es difícil de acreditar por la complejidad del terreno. Hasta el momento no se detuvo a una sola persona en el lugar con alguna sospecha de provocar los incendios», aclaró el juez.
Y en ese camino diferenció los más de 11 expedientes que se tramitan en juzgados civiles (la mayoría amparos ambientales donde se instaron distintas medidas). A nosotros nos interesa encontrar culpables, no responsables, como se insta en el derecho civil, que es otra cosa. Por eso salgo a aclarar algunas cuestiones, porque se hacen declaraciones en los medios que llevan a confundir a la opinión pública, que espera respuestas que son casi imposibles dar desde lo penal», remarcó Alonso en diálogo con este diario.
Consultado sobre su sorpresiva presencia la semana pasada en el kilómetro 13 de la traza que une Rosario con Victoria, el juez recordó que en el marco de las causas civiles que él también tramitó y a partir de las que dictó una medida de no innovar el 1º de julio (suspensión de cualquier trabajo en las islas), monitoreó el incumplimiento del empresario rosarino Enzo Mariani, a quien se le había ordenado retirar maquinaria con la cual hacía movimiento o modificaciones del suelo.
«Le habíamos advertido que ante el incumpliendo de la medida se iba a proceder al secuestro de herramientas y máquinas. Nos presentamos con la delegación de Prefectura de Victoria y Gendarmería y constamos trabajos en un terraplén y hallamos dos máquinas simuladas bajo un monte, y una tercera en un campo aledaño. Aún no se pudieron sacar por el clima, pero entre mañana (por hoy) y pasado se procederá a retirarlas», indicó el juez.
Esa medida sigue vigente, por lo cual está prohibido cualquier trabajo sobre los terrenos de las islas. En tanto, el juez Alonso le corrió vista a la Fiscalía de Paraná sobre la conducta de Mariani, quien deberá responder ante un juzgado de esa ciudad por desobediencia a una orden judicial. (La Capital)
