Luego de las declaraciones del Dr. Chiara Díaz, un grupo de abogados presentó este lunes, un pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ).El mismo es firmado por Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino y Luciano Rotman, ex candidato a presidir el Colegio de Abogados Seccional Paraná.
La petición refiere a de la «existencia de hechos o serias inconductas». La primer causa que se inscribe es «viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias».
Los argumentos son los dichos que Chiara Díaz esgrimió en la Comisión de Asuntos Constitucionales hace dos semanas cuando tuvo lugar la audiencia de descargo.
«Chiara Díaz evidenció claramente una supuesta absoluta falta de control de parte del Tribunal de Superintendencia – cuyo presidente y máximo responsable resulta ser la doctora Mizawak – en el otorgamiento y rendición de los viáticos concedidos a los magistrados, dejando entrever que actualmente, para el otorgamiento de los mismos, no se exigen la presentación de la invitación correspondiente, programa de actividades, como así tampoco la rendición de cuentas», escribieron los denunciantes en la petición que hicieron ante el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri.
Acuerdos comerciales
Otra de las causales que se imprimió en la denuncia es: «Participación en sociedades comerciales con el señor Sergio Daniel Urribarri y el señor Daniel Arroyo. Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura«.
En ese punto también se vuelve a los dichos del vocal enjuiciado, cuando refirió a «un suceso acontecido entre el doctor (Emilio) Castrillón y la doctora Mizawak, en reunión de Acuerdo, donde el primero le habría solicitado la renuncia a la señora presidente del cuerpo, en atención a la existencia de una participación social de ésta junto al actual presidente de la Honorable Cámara de Diputados y ex gobernador, el señor Sergio Daniel Urribarri».
«No tuvimos más Acuerdos, el Tribunal no tuvo más Acuerdos y si quieren lo ofrezco como prueba», desafió Chiara Díaz ante los diputados y los denunciantes lo transcribieron.
El otro dato que se aporta en la petición es una «supuesta participación societaria» de Mizawak, junto a su marido y presidente de Enersa, Raúl Arroyo. Se trataría-según se cita – AyM S.A.
La «percepción de sobresueldos» y el «enriquecimiento sin causa» es otro punto que atacaron los denunciantes. Tomaron la respuesta que dio Chiara Díaz sobre una pregunta puntual del diputado del PRO, Esteban Vitor, sobre supuesta utilización de gastos reservados. «Lo de los gastos reservados, yo no puedo decir nada porque durante la presidencia mía, que fue del 1994 al 1995, nunca se habló de gastos reservados. Después hubo todo un problema, sí, pero fue durante la presidencia de (Leonor) Pañeda y de Mizawak«, contestó oportunamente el integrante de la Sala Penal que enfrenta el proceso de juicio político.
El caso Smaldone
«Manipulación de votos en causa Arralde y tráfico de información». Esa es una de las causales más contundentes de la presentación, considera Página Judicial. En presencia de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, el juez Chiara Díaz sacó el tema. Se trata del caso de Guillermo Smaldone, designado por Urribarri como presidente del Tribunal de Cuentas. Esa designación terminó en la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad del ex convencional constituyente radical, Juan Carlos Arralde, que terminó en caso abstracto porque, el entonces funcionario, renunció al enterarse que el fallo le saldría en contra. Quien no votó fue Mizawak.
«Smaldone renuncia porque le informaron que el orden de votos había quedado alterado definitivamente y que él iba a ser declarado mal designado. Entonces renunció y planteó después, con la anuencia del Fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) y el Procurador (Jorge) García, que la cuestión era abstracta», denunció Chiara Díaz.
Lo cierto es que el pedido de juicio político a Chiara Díaz podría terminar con la presidenta del STJ en el banquillo. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político deberá resolver si enjuicia al vocal y, también, si le da curso a la denuncia contra la titular del alto cuerpo de Justicia.
