“Nosotros teníamos una sospecha acerca de los arrendamientos, especialmente en el sector primario, producto de que esa actividad está exenta y no declara su venta, y en ese caso muchos podían llegar a caer en confusión, sin perjuicio de aquellos que arriendan sus campos y no lo declaran. De allí que a partir del convenio que tenemos con AFIP, evaluamos las rentas de la categoría primera y vimos cómo se comportaba como contribuyente cuando explotaba un bien de su propiedad, tanto en los rurales como en los urbanos”, explicó el director de Fiscalización Tributaria de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), César del Castillo.
Esta información llevó a que se realizara un operativo a prueba en Paraná sobre este sector, que se consideró como muy exitoso. De allí que en breve desplegará un plan similar en las principales ciudades de la provincia.
En una primera etapa de prueba, se notificaron durante setiembre la cantidad de 116 intimaciones, todas en Paraná, pero trascendió que llega a 3.962 casos similares en la provincia.
Según las autoridades tributarias, los avisos se respondieron en forma favorable a las pretensiones de ATER, 54 casos (46,5% de los notificados) declarando deuda por un total de $1.256.955; de la cual se pagó en forma inmediata o se suscribió compromiso de abonar en los próximos días por una suma de $1.149.046. En tanto, se formalizaron convenios de pago por hasta en 12 cuotas por los restantes $107.908. Se agregó que 50 de estos 54 casos corresponden a inscripciones nuevas. En el informe también se afirmó que otro grupo de 27 intimados (23,3%), se presentó al área de Fiscalización Interna “aportando información y documentación adicional a la obrante en el organismo, elementos que actualmente se encuentran en etapa de verificación por auditores fiscales a los fines de determinar si se encuentran o no alcanzados por el tributo y la cuantía del mismo”.
Para determinar el universo sobre el cual ATER iba a intimar a los contribuyentes que no estaban pagando sus impuestos por la renta que produce el alquiler de un bien inmueble urbano o rural se realizó un corte en aquellos que tienen cinco o más propiedades en alquiler en la ciudad y aquellos campos que superan los $2.000 de base. Estos superarían los 3.500 en toda la provincia, sin contar monotributistas y sociedades.
Corte. “Nosotros cuando hicimos el primer corte, en los 1.000 contribuyentes de mayor deuda a menor deuda, y sobre los 1.000 primeros hicimos una muestra de 116 en Paraná. Estamos hablando de un contribuyente institucionalizado, que tiene contador, que su carpeta está en los estudios contables, y creemos que la acción es exitosa y esperamos el efecto comentario entre los estudios contables. No digo que todo sea evasión consciente, porque hemos detectado, por ejemplo, que muchos campos están inscriptos como condómino, es decir de varios hijos, que tienen un CUIT como condóminos, pero luego declaran Ganancias individualmente”, explicó Del Castillo.
Durante el operativo a prueba, un grupo de cinco intimaciones solamente formuló consultas acerca del requerimiento sin proceder a dar respuesta formal, en tanto que por otras 30 (25,8 %) comunicaciones no se produjo ningún tipo de novedad. En este punto, las autoridades fiscales aseguraron que sobre este total de 35 contribuyentes, se continuará el procedimiento previsto legalmente, tendiente a la aplicación de sanciones de multa y determinación y cobro de la deuda; llegando de ser necesario al reclamo por vía del juicio de apremio fiscal.
Envíos. Del Castillo se mostró conforme con el operativo de prueba, y lo hace en función de evaluar la implementación del cruce informático entre la ATER y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Pero también cree que “existe una notoria capacidad contributiva de las personas intimadas y a la eficacia de los procedimientos diseñados para efectuar el reclamo. Esta acción, además de haber logrado el ingreso efectivo de las deudas, también incrementa la recaudación corriente y futura por la incorporación a la declaración mensual de contribuyentes y operaciones nuevas”.
Según se dijo, el operativo no se detiene, aunque consideraron que en el sector del campo se dan más estos casos que en la ciudad porque el propio locador se protege con el contrato, y eso lo obliga a blanquearlo. “Aunque en el urbano hay algunas maniobras menores, que se controlan mirando la actividad del inquilino que permite llegar a la situación fiscal del locador”, precisó.
Al día de hoy ya se han emitido 200 nuevas intimaciones correspondientes a la ciudad de Paraná, para luego trasladarse a los contribuyentes de Nogoyá, Villaguay, Crespo, Diamante, La Paz, Gualeguay, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria y Gualeguaychú, y “luego lo haremos extensivo al resto de la provincia”, confirmó el director de Fiscalización Tributaria.
AL MARGEN
Sanciones. “El régimen sancionatorio vigente prevé la aplicación de ‘multa a los deberes formales’, por violar las disposiciones de colaboración y determinación de la obligación tributaria o que obstaculice la fiscalización, que están graduadas desde $20 a $40.000 por incumplimiento. Ello sin perjuicio de la multa por omitir o evadir el pago del tributo según el caso (‘multa por omisión’ o multa por defraudación’) que puede ser graduada desde el 50% hasta 10 veces el impuesto omitido o evadido respectivamente”, se precisó en el informe de la ATER al que accedió esta Hoja.
Fuente: El Diario.
