Representantes de los jueces, fiscales, defensores oficiales y trabajadores judiciales coincidieron ayer en rechazar la posibilidad de comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, durante una reunión que encabezó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. No sólo que fue el propio Poder Judicial quien decidió sobre sí mismo exceptuarse del pago del tributo sino que además la maniobra no fue comunicada oficialmente: las partes decidieron no difundir un documento con su postura, pero conformarán una comisión que ratificará el criterio que se impuso en la reunión en contra de comenzar a pagar Ganancias.
El encuentro a puertas cerradas se llevó a cabo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en medio de una protesta que realizaban en la planta baja del edificio empleados judiciales, quienes también reclamaban por seguir exceptuados del gravamen.
La movilización de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) fue liderada por el secretario general Julio Piumato bajo las consignas “el salario no es ganancia”, “no al impuesto al trabajo” y “no a la baja salarial”.
En 1996, los magistrados, que no pagaban el tributo, habían sido incluidos como sujetos pasivos por ley 24.631, pero la Corte, entonces presidida por Julio Nazareno, declaró a través de la Acordada 20/96 que la norma era “inaplicable” a todo el Poder Judicial.
De esta manera, los funcionarios judiciales están exentos del pago de Ganancias y, en ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y equiparados con ese beneficio, bajo el argumento de la “intangibilidad de los salarios” del Poder Judicial y la independencia de los magistrados.
En la reunión de ayer, por unanimidad y de manera corporativa, los distintos sectores de la actividad judicial plantearon la necesidad de continuar con el régimen de exención de ese gravamen.
Esta posición quedará oficializada luego de una reunión que mantendrán con el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La Corte convocó a discutir la cuestión a representantes de la Procuración General de la Nación; de la Defensoría General de la Nación; del Consejo de la Magistratura de la Nación; de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y ciudad autónoma de Buenos Aires; de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
A la reunión convocada por la Corte también concurrió el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad.
Todos los organismos enviaron sus representantes, aunque no concurrieron la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ni la defensora general, Stella Maris Martínez.
Mientras se realizaba la reunión en la planta baja del Palacio de Tribunales, un centenar de trabajadores de UEJN hizo una ruidosa protesta con bombos y silbatos, además del reparto de volantes, en rechazo a pagar ese gravamen que afecta a cada vez más trabajadores.
La decisión tomada por los distintos estamentos que componen el Poder Judicial va a contramano de las declaraciones públicas del presidente de la Corte Lorenzetti, quien en varias oportunidades había sostenido que en el máximo tribunal de Justicia “todos están de acuerdo” en pagar Ganancias.
Sin embargo, Lorenzetti hacía una distinción respecto al resto de empleados del Poder Judicial: “El problema no es tanto a nivel de los jueces sino con los empleados”.
También expuso sus argumentos el titular de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, quien expresó: “Hay camaristas (en la Justicia provincial) que, con 20 años de antigüedad, ganan menos de 40 mil pesos por mes y una quita importante en sus haberes provocaría que abandonen sus cargos”.
