El gobierno nacional lanzó el Programa de Infraestructura Universitaria II al publicar en el Boletín Oficial la aprobación del Decreto 1268, que aprueba el contrato para financiar la iniciativa a través de la relación con la Corporación Andina de Fomento (CAF, Banco de Desarrollo de América Latina). Con unainversión total de 100 millones de dólares, dividido en mitades entre el organismo financiero y el Estado nacional, se beneficiará a más de 100 mil estudiantes para «incrementar el acceso a la educación superior,expandir el alcance de la enseñanza académica y de servicios universitarios con énfasis en carreras priorizadas, mejorar la eficiencia en el uso de espacios, y fortalecer la capacidad de movilización de recursos de las universidades», informó Tiempo Argentino.
Entre los planes en concreto figuran obras nuevas en los predios de las universidades, incluyendo ampliaciones, soporte, reparaciones, terminaciones y reestructuración o puesta en valor. Todo será a partir de una propuesta de planeamiento estratégico elaborado y aprobado por cada universidad, y este costado de infraestructura será el que se llevará el grueso del dinero (U$S 96 millones).
Los U$S 4 millones restantes se dividirá entre equipamiento y mobiliario, y administración y asistencia técnica. Además, en línea con esto, se buscará mejorar la calidad y generar el capital humano especializado para fortalecer los Polos Tecnológicos nacionales.
La unidad ejecutora estima que el cronograma de desembolsos y ejecución llevará un período tentativo de cuatro años, con plazos de 12 a 18 meses en cada una de las obras. El primer año se desembolsarán U$S 22 millones, los dos siguientes U$S 36 millones cada uno, y el último U$S 6 millones.
En total serán unas 33 obras distribuidas en 27 universidades y llegarán a 100 mil estudiantes, de los cuales 19 mil corresponden exclusivamente a cursantes de ingeniería y ciencias debido a que son las prioridades estratégicas del desarrollo del país.
Adicionalmente, cuatro proyectos tienen como beneficiarios directos a las comunidades en las que se insertan mediante el uso, como puede ser en el caso de los auditorios. En forma directa también se beneficiarán los docentes, investigadores, y trabajadores de las facultades receptoras, al contar con mejores condiciones para desarrollar su trabajo.
Por ejemplo, entre los proyectos figuran un campus por $ 18 millones en la Universidad de Tres de Febrero; una biblioteca central en la Universidad Nacional de Salta por $ 15 millones; una mejora de toda la Facultad de Ciencias Exactas de la Plata por $ 15 millones; y avances en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires por $ 60 millones. Las poblaciones y comunidades aledañas de las universidades también serán beneficiarias de nuevos espacios comunes, como bibliotecas, comedores, auditorios, parques y hospitales escuela que serán puestos en valor con estas inversiones.
La evaluación final –para medir el éxito de estos proyectos tanto en su ejecución como en el alcance posterior en los productos esperaros– tendrá varios aspectos que serán seguidos de cerca por el Estado Nacional. En cuanto a la extensión y recuperación de los espacios, se verán los metros cuadrados construidos nuevos y aquellos ampliados, refaccionados y reparados. En el acceso y mejoramiento de la educación se considerará el aumento del número de la matrícula, la reducción en la tasa de deserción, y la mejora e innovación en los métodos de enseñanza y utilización de tecnología.
En tanto, con relación al fortalecimiento de la situación financiera de las universidades, se buscará el aumento del valor del patrimonio universitario como resultado de los activos físicos, y el incremento de los ingresos (o reducción de los gastos) de las facultades respectivamente beneficiadas por el programa.