Ingresó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza elaborado por el Poder Ejecutivo comunal para descontaminar, desguazar, compactar o subastar las motos abandonadas retenidas por el Estado local ante las infracciones cometidas por los propietarios. La medida pretende preservar el medio ambiente, cuidar los recursos del municipio y desalentar las negligencias de los conductores. Los gastos administrativos de las operaciones serán cargados a los dueños de los vehículos, informaron desde la Municipalidad.
Los concejales deberán debatir si aprueban la iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal para que motos secuestradas por el poder de policía del Estado local, que no fueron reclamadas por sus propietarios en seis meses o las que no tienen identificación de dominio, sean descontaminadas, desguazadas, compactadas o subastadas.
El objetivo de la propuesta “es preservar el medio ambiente, en resguardo de la salud pública; cuidar el erario del Estado municipal; y desalentar la imprudencia de los conductores que no cumplen con las normas de tránsito y atentan contra su vida y la de sus congéneres”, se indicó.
La iniciativa se asemeja a una idea que se echó a andar en la gestión anterior pero que luego se desestimó por una serie de obstáculos legales, según se explicó en aquella ocasión.
El depósito está repleto de motos, pero sus dueños en muchas ocasiones optan no retirarlas por la suma de la multa por la contravención –no uso de casco o falta de documentación- más la cantidad que hay que pagar por día de depósito que en casos extremos excede el precio de una moto.
DESCONTAMINAR. Según se explica en un informe oficial, el gobierno municipal “pretende evitar el riesgo de daños ambientales y personales que se podrían ocasionar, ya el depósito prolongado puede generar derrame de combustibles, de aceites o del líquido de las baterías, que pueden resultar altamente tóxicos”. Para llevar adelante el proceso de descontaminación se contemplan tres posibilidades: se extraerán los elementos contaminantes del medio ambiente como baterías, fluidos y similares; se desguazará, sacando las partes ferrosas; o, en los casos más extremos, se compactará el vehículo que será convertido en chatarra.
También se consideró importante la cuestión del costo que le demanda al erario municipal la manutención en depósito de una gran cantidad de motos, que por el correr del tiempo y la ausencia de una política al respecto, va en crecimiento, por la actitud desaprensiva de los propietarios de las motos abandonadas. En ese marco, la Municipalidad intimará a los titulares de las motos para que rescaten en diez días el vehículo pagando las multas y gastos que ocasionó, y si se observa la falta de intención de recuperarla se presumirá el abandono y se realizará la venta pública. En tanto, las motos que no puedan ser identificadas se subastarán como chatarra, sin posibilidad de inscripción registral, o se dispondrá la compactación.
SUBASTA. En la subasta no podrán participar funcionarios ni agentes municipales y los recursos generados por la venta de las motos serán para recuperar el gasto administrativo generado por el depósito en dependencias municipales o a las sanciones que estableció el Juzgado de Faltas con sentencia firme.
El proyecto es el antecedente de una iniciativa similar que está en análisis de las autoridades municipales, ya que según explicaron “la intención de la gestión es poder avanzar en la resolución de problemas similares relacionados con automóviles secuestrados”.
Complejidad
A fines de 2010, el Estado municipal se aprestaba a iniciar trámites ante el Registro de la Propiedad automotor para poder realizar la subasta de motos con más de seis meses en depósito, habilitada por un decreto del Ejecutivo municipal del año 2009.
Pero el trámite no avanzó porque la administración comunal tomó conocimiento, en diálogo con funcionarios santafesinos, de que era muy engorroso el proceso que debe seguirse ante el Registro de la Propiedad para que éste otorgue nuevos papeles a los vehículos abandonados. “Es engorroso hacer el trámite moto por moto en el Registro de la Propiedad automotor, hacerlas verificar. Lleva su tiempo y hoy estamos evaluando si estamos en condiciones”, había informado un miembro del gobierno municipal en noviembre de 2010. De todos modos, aclaró, “no se ha descartado” aún la posibilidad de rematar estos vehículos.
COSTOS. Un obstáculo que se estuvo analizando durante 2010 y que mereció la atención de la Defensoría del Pueblo fueron los elevados costos a pagar para rescatar la mota, costos que en ocasiones el dueño –muchas veces cadete- no podía afrontar.
En ese momento, rescatar una moto retenida por viajar sin casco y sin papeles, con seis meses de estadía en el corralón municipal, costaba $2.600: $1.800 era el predio del servicio de depósito que cobraba el Municipio en 2010 ($10 por día); $60 pesos de grúa por el traslado; $600 pesos por falta de la documentación –seguro y patente-; y $150 pesos por no llevar casco. Esas cifras pueden haberse incrementado al día de hoy ya que las sucesivas Tributarias han tenido modificaciones.
