El planteo había sido formulado por el empresario Nelson Lafauci, a quien el municipio le expropió un terreno de 12.000 metros cuadrados donde pretendía instalar un boliche bailable, para incorporarlos al borde costero.
El dueño de ese predio, sito en calle Blas Parera 4328, donde desde siempre funcionó un paseo público con miradores al río desde la barranca, inició una demanda de inconstitucionalidad de la ley provincial que dispuso declarar «de utilidad pública, con destino exclusivo al uso y disfrute públicos y sujeto a expropiación el inmueble» en cuestión, contiguo al camping Toma Vieja. La expropiación había sido impulsada por la intendenta y acompañada por el Concejo Deliberante, pero el eje de la disputa está centrado en el monto que el municipio le pagaría al empresario.
La causa se tramita en la justicia penal y en ese marco es que Lafauci interpuso una medida cautelar de no innovar contra la Municipalidad de Paraná, a fin de mantener las condiciones físicas de acceso al predio. «Desnaturalizará el inmueble, cambiándole su aptitud económica tanto para emprendimientos comerciales como para subdivisión (?) la circunstancia que de construirse el arco se habrá alterado la situación fáctica definida por las condiciones de ubicación y acceso al inmueble tenidas en cuenta por su principal lo cual es de imposible o muy difícil y costosa reversión», sostuvo el empresario.
Hace unos días hubo una definición: los jueces Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón rechazaron la pretensión del empresario y dieron luz verde a las obras que el municipio había encargado para la construcción del portal de ingreso a la Toma Vieja.
El tribunal consignó en su fallo que la empresa Cream SA, que preside Lafauci, «aún no goza de la autorización para que funcione el emprendimiento que quiere instalar, más allá de la eventual naturaleza precaria de dicha autorización».
En rigor, la empresa inició los trámites para conseguir la habilitación de un boliche en la zona de los miradores y el municipio le respondió con el decreto por el cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno en cuestión.
Los magistrados advirtieron que «aún cuando el emprendimiento estuviera en pleno funcionamiento previo a haber cumplido con los requisitos que la ley, los reglamentos y la Municipalidad exigen, hay una situación que no cambiaría», esto es que las fotografías aportadas por la empresa «no dan cuenta de un futuro impedimento de paso o un cerramiento que obstruya el ingreso».
Por último, el tribunal consignó que «la idea de ‘Portal’ puede incluso ser meramente decorativa, y no puede deducirse que la obra de ‘ingreso’ se relacione con la prohibición, restricción o impedimento en el acceso (?) En este mismo sentido, y por el contrario, de admitirse la cautelar interesada se obligaría al municipio a paralizar una obra cuando no se ha logrado demostrar ni su magnitud ni el eventual cercenamiento o limitación de derechos, vinculados al ingreso o paso de vehículos por el lugar o del flujo propio de los eventuales clientes del emprendimiento que pretende llevar a cabo».
La discusión por el valor del terreno no es la única causa judicial alrededor de los miradores de la Toma Vieja: en los tribunales también se avanza en otra investigación por la eventual comisión de los «delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos» que tramitaron la denegatoria de un permiso para instalar un boliche bailable en el terreno en cuestión.
El 25 de septiembre de 2013 la empresa Cream SA, propiedad de Lafauci, inició los trámites para conseguir la habilitación de un boliche. El municipio no respondió, pero el 28 de octubre la intendenta dictó un decreto por el cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno en cuestión. Dos días después Lafauci reiteró el planteo para que le permitan instalar el boliche y, ante la falta de respuesta, presentó un amparo. Recién entonces Blanca Osuna denegó el pedido de habilitación.
En resumen, la empresa Cream SA no solo cuestionó la expropiación sino que también apuntó contra la decisión de la Municipalidad de impedirle abrir un boliche.
