Un día después de la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del hospital neuropsiquiátrico José Borda, que dejó más de 50 heridos, todos los bloques de la oposición le pidieron la renuncia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, donde repitió los mismos argumentos que esgrimió el jueves el jefe de gobierno, Mauricio Macri, para justificar la brutalidad del operativo, que no contó con ninguna orden judicial. Sostuvo que «la violencia no fue generada por los efectivos, que fueron agredidos en diferentes circunstancias durante una hora y media», pero a la vez prometió «una clara autocrítica sobre cómo fue realizado el procedimiento, para que en definitiva este tipo de situaciones no se repita». Las explicaciones del ex juez federal que tuvo a su cargo la creación de la 26ª fuerza policial del país a partir de 2008 buscaron eludir la responsabilidad política del operativo represivo, con una añeja estrategia institucional que redujo la gravedad de los incidentes a «casos aislados» que serán «investigados y sancionados» por una «auditoría externa policial». No fue la primera cita del funcionario que ha transitado distintas partes del recinto para defender la creación de la fuerza en 2008 y la designación del ex comisario de la Federal Jorge «Fino» Palacios, que renunció poco después, ante el escándalo que desató la existencia de una red de escuchas ilegales dentro de la comuna. Ese caso lo obligó a responder duras denuncias realizadas en su contra ante la Comisión Investigadora que sesionó hace dos años.
«Si alguno de los integrantes de la fuerza no cumplió con el protocolo acordado, obviamente que va a ser investigado y sancionado como corresponde», disparó Montenegro apenas arrancó su exposición inicial luego de las 11:10. Al calor de esos argumentos, que repitió una y otra vez, Montenegro afrontó las ocho horas que duró la sesión especial convocada el viernes a pedido de todos los bloques opositores al macrismo, pero con un veloz acuerdo del PRO, que logró transformar la posible interpelación en una catarsis, pública y televisada, que comenzó pasadas las 11 de la mañana y concluyó después de las 19. Tras las explicaciones iniciales, cada uno de los 12 bloques opositores exigió la inmediata renuncia del funcionario por la represión dentro del hospital. En varios momentos, los legisladores macristas no pudieron evitar su incomodidad por los cuestionamientos que les prodigaron sus pares de la oposición, que los acusaron de no haber aparecido en ningún momento de la represión. El recinto estuvo repleto, repartido entre militantes del PRO y de la oposición, que estallaron en gritos y abucheos en distintos tramos de la sesión.
«La mayoría del oficialismo no puede consentir esta represión. Es notable que la intención es querer mostrar dureza, pero lo de ayer no tuvo nada que ver con una policía de cercanía, como la que define la Ley de Seguridad Pública», dijo Juan Cabandié, el primero de los representantes de cada bloque que tuvo 15 minutos para hacer preguntas y exponer argumentos. El presidente del bloque del Frente para la Victoria le recordó a Montenegro que la Ciudad, junto a Córdoba y Santa Fe, es uno de los tres Estados que no firmaron un protocolo federal de actuación ante manifestaciones en el espacio público que limita el uso de postas de goma sólo a casos de autodefensa. «Lo que pasó el viernes fue una afrenta para la Ciudad y por eso usted no tiene más que renunciar», cerró el legislador, que inició la cadena de pedidos de dimisión que luego reiteraron sus colegas.
Jorge Selser, médico y diputado de Proyecto Sur, se preguntó por qué esa sesión, por una cuestión tan grave, no era encabezada por la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, «tal como lo establece el artículo 80 del reglamento de la Legislatura». La chicana fue eludida por Cristian Ritondo, el vicepresidente segundo del cuerpo, que condujo toda la sesión. «Nunca hubo una situación así en un hospital de la Nación, usted jamás debería haber permitido el ingreso de la policía a un hospital», le gritó Selser. Y preguntó: «¿Por qué justifica la demolición del taller diciendo que tenía asbesto, si hay diez hospitales que tienen el mismo material? ¿Qué piensan hacer, tirar abajo el Moyano, el Rivadavia, el Penna?», bramó el médico del Partido Socialista Auténtico, antes de sumarse al pedido de dimisión. A su turno, Fabio Basteiro, dirigente sindical y jefe de la bancada de Buenos Aires para Todos, abrió el capítulo de los legisladores que vivieron la represión en vivo. «Vi cómo arrastraban a una enfermera con bastón y a una señora mayor por toda una cuadra», gritó Basteiro. «Es una vergüenza que nosotros seamos los victimarios y ustedes las víctimas, ¿se acuerdan de las pistolas eléctricas taser? ¡Imaginen lo que habría pasado! ¡Imaginen los heridos!», exclamó el dirigente de ATE, el gremio que tenía a cargo el taller de reinserción laboral y cuyos delegados fueron ferozmente atacados. El testimonio, fue ampliado por Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que graficó otro de los amargos momentos de la mañana del viernes. «Cuando tratamos de pasar el vallado para pedir diálogo, la policía nos pegaba», relató la diputada y sacó una de la decena de fotos que se mostraron en la sesión. «Quiero saber quién es esta persona –señaló–. Cuando fui a cruzar las vallas me dijo: ‘Correte, pendeja.’ Soy legisladora, le contesté. ‘¿Y qué te pensás, que no te voy a tirar’, me dijo», recordó la joven al borde del llanto, antes de contar que los policías les «apuntaban arriba de la cintura y de cerca». «Esto es perverso, es un lugar donde están los locos más pobres, que no tienen a dónde ir», afirmó ante un Montenegro que la miraba fijo. Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, le recordó la cantidad de llamados para buscar una negociación que hicieron varios legisladores antes de las 7 de la mañana y durante la represión. «Tiene que irse porque no es la Metropolitana que votamos cuando la creamos. La Metropolitana de hoy es la Federal de las peores épocas», denunció la periodista. Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, denunció que fue «un operativo secreto que ingresó de madrugada» y le preguntó al ministro: «¿Por qué no esperaron a tener el respaldo judicial, al menos?» El ex alcalde le cedió parte de su tiempo a María Elena Naddeo, una de las legisladoras que presentó un amparo para frenar la construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda. La mujer, también testigo directa de la represión, le preguntó: «Como ex juez, ¿cómo no sabía que todos los amparistas estábamos esperando una decisión de la Cámara?», dijo en referencia a la Sala II del fuero contencioso, cuyos miembros ayer firmaron una resolución donde Macri y dos funcionarios fueron multados con 20 mil pesos cada uno, y quedaron al borde de una denuncia penal (ver recuadro). La catarata de señalamientos y denuncias fue desestimada por el ex juez, que contestó cada una de las preguntas, al punto que Gabriela Alegre lo llamó «ministro cara de piedra». «Vuelva a ser juez porque no sirve como ministro de Seguridad, porque usted es el responsable de esta represión ilegal», acusó. Montenegro, horas después, desmintió versiones de renuncia y les contestó, imperturbable: «No es mi idea renunciar, la designación fue hecha por el jefe de gobierno y sólo por su pedido o porque yo lo considere necesario voy a renunciar, y por el momento ni él me lo pidió ni yo creo que sea necesario.» La oposición, insatisfecha, prometió nuevas interpelaciones para la próxima semana. «
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Intentos del pro de justificar el operativo
Las ocho horas del debate estuvieron marcadas por gritos y abucheos, en su mayoría de las víctimas de la represión para apoyar los pedidos de renuncia del ministro. O desde la bandeja del PRO, para gritarle a la oposición. «Obviamente no nos puso contentos lo de ayer (por el viernes), estamos evaluando todas las actividades. Nos entristece mucho la situación que vivieron varios legisladores y será investigado el accionar de la Policía para tratar (sic) de determinar si hubo responsabilidad», relativizó el funcionario, poco antes de que la última parte de la sesión fuera interrumpida varias veces por los alaridos de los legisladores hacia Montenegro, respondidos por bramidos de Ritondo que llamaban al orden. Los legisladores del PRO salieron del silencio sobre el final con una dura exposición de Helio Rebot, que acusó al kirchnerismo de «motorizar esto para ocultar que el Congreso avanzó sobre la República», en referencia a la reforma judicial. En su embestida, el legislador justificó la represión, pero no tuvo problema de hablar de los «compañeros del Partido Obrero» y recordar al joven militante Mariano Ferreyra, asesinado por una patota sindical, para defender a Montenegro. Carmen Polledo, a metros de Rebot, estalló con furia en su exposición y justificó la total ausencia de su bloque para evitar la represión, mientras que Martín Ocampo también apuntó contra Ibarra y chicaneó: “Montenegro vino a dar hoy explicaciones, pero durante la tragedia de Cromañón de 1994, usted, al día siguiente, estaba reunido con los empresarios de los boliches.» La lista de tragedias que enumeraron los legisladores del PRO para eludir la responsabilidad de su gobierno fue rematada por Montenegro que, apoyado en su experiencia como ex juez federal, dijo que no había violado la resolución de la Sala II del fuero contencioso, que multó a Macri con 20 mil pesos.
