La Procuración General de la Nación convocó a concursos abiertos públicos para cubrir cargos de servicios auxiliares en fiscalías entrerrianas, en el marco del programa de ingreso democrático e igualitario. Los cargos son para desempeñar funciones jurídicas, pero también administrativos y de maestranza.
El sistema establece un régimen de ingreso abierto y plural a los cargos en las fiscalías, basado en la evaluación de idoneidad para cada cargo, en el que priman las garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad del procedimiento.
Los concursos ya vienen realizándose en distintas jurisdicciones y ahora se convocó para cubrir cargos en las fiscalías de primera instancia de Paraná y Victoria, y para las fiscalías generales ante Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral Federal, según consta en la Resolución Numero 3.882/2015, fechada el 30 de noviembre y firmada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Las inscripciones serán online a través de la página web del Ministerio Público Fiscal:https://www.mpf.gob.ar/ingreso-democratico/, entre el 9 y el 18 de diciembre. Las vacantes a cubrir comprenden al personal de servicios auxiliares (maestranza, oficios y limpieza) y técnico administrativo (contable, informático, periciales) y personal letrado.
Además, se creará un comité permanente de evaluación de integración plural, que tendrá como función principal la corrección y calificación de evaluaciones y la realización de entrevistas en los casos en que correspondiera. En este caso, estará integrado por fiscales de otras jurisdicciones.
El ingreso abierto y plural fue aprobado en el año 2013 por la procuradora Gils Carbó, buscando “adecuar el procedimiento a la búsqueda de un nuevo perfil de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y eficiente; apto para intervenir en procesos cada vez más orales, pero también más complejos jurídica y técnicamente”, según se indicó desde el Ministerio Público.
Gils Carbó resaltó además que el nuevo sistema busca “garantizar un ingreso igualitario que nutra al sistema de administración de justicia de hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, lo que permitirá, de cara a generaciones futuras, dotarlo de una adecuada pluralidad e independencia del resto de los poderes del Estado y del poder de los grupos económicos y políticos”.