Todos los ediles de Paraná votaron ayer la propuesta presentada por la concejal Verónica Martínez (FJPV) que insta al cumplimiento de la ordenanza 9052 que fue aprobada en 2012 pero que no está en plena vigencia. Específicamente, lo que se aprobó fue la colocación obligatoria de rampas en las unidades del transporte público de pasajeros para el acceso de personas con discapacidad, embarazadas y con dificultades motoras.
“Hace más de dos años que las empresas de transportes de pasajeros están intimadas a que incorporen a las unidades las rampas para el acceso de personas con discapacidad. Por eso ya es hora de que tengamos ese servicio”, dijo la autora del proyecto a EL DIARIO.
En la misma sesión también fue tratada sobre tablas y votada por todos los ediles una iniciativa elaborada por la misma concejal que dispone la colocación de rampas de acceso en las puertas de ingreso de hoteles, restaurantes y complejos turísticos de Paraná.
“A partir de la promulgación de la norma empieza a correr un plazo de 90 días para que los comercios incorporen el dispositivo que permitan mayor accesibilidad”, indicó a esta Hoja la legisladora local.
A COMISIÓN. Hubo otras dos propuestas vinculadas al servicio de transporte público que pasaron a comisión. Una se trata de la implementación del sistema de boleto extra, que consiste en la incorporación de dos pasajes de emergencias en la Tarjebus. Esto sirve para los usuarios que no advirtieron que el saldo se agotó y tienen la necesidad de hacer uso del servicio. De este modo pueden realizar un par de viajes más antes de recargar el plástico. El monto utilizado será descontado en la siguiente compra de crédito.
El otro proyecto consiste en el otorgamiento de un pase gratuito para jubilados y pensionados, cuyo ingreso mensual corresponda al mínimo previsto por las normas nacionales y provinciales, y a personas mayores de 65 años. Esta propuesta pasó a la comisión donde se buscará determinar el origen de los fondos para solventar estos pasajes.
En la sesión también tomó estado parlamentario la iniciativa de los concejales Miguel Rettore y Marcelo Haddad que prevé la creación del Banco Municipal de Medicamentos en el ámbito de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná.. Lo mismo sucedió con ell proyecto de la concejal Cristina Sosa que consiste en la creación de una Orquesta musical municipal infanto juvenil de Paraná. Al mismo tiempo pasó a comisión de Cultura otra iniciativa de Sosa para la creación de un banco de instrumentos musicales.
Incentivo salarial
La propuesta que consumió la mayor parte del debate en la sesión de ayer fue la reimplantación de un incentivo salarial para los empleados que prestan servicio en el ámbito de la Administración Fiscal Municipal (AFIM). La idea es impulsada por concejales de distintos bloques, entre ellos Marcelo Haddad (PS), Roxana Villagra, Adriana Torner y Miguel Rettore (UCR), Graciela Berón, Elizabeth González, Gustavo Guzmán, Verónica Martínez y Rosana Núñez (PJ). La iniciativa busca modificar el artículo 20 de la ordenanza 8744 referido a la regulación de la cuenta incentivo de la AFIM y fijar la participación de los agentes de un porcentaje mensual equivalente al 6 por mil del importe de la recaudación del mencionado organismo.
Al momento de argumentar la iniciativa tomó la palabra el socialista para hacer una crítica al monto y la composición de los actuales salarios de los trabajadores municipales. Además, sostuvo que la “cuenta incentivo” tiene entre otros objetivos que los agentes se esmeren en la tarea recaudatoria y se disminuya la posibilidad de que los inspectores sean “comprados” por aquellos que no cumplen con sus impuestos.
La ordenanza que crea la AFIM contempla el incentivo sin embargo hace seis años que los incentivos se convirtieron en adicionales que no se modifican según la recaudación.
Por su parte, el presidente del Cuerpo Legislativo, Gastón Grand, ocupó una banca para hacer una serie de observaciones a la propuesta en relación a los tributos que estarán contemplados. A su vez, los ediles Enrique Ríos y Cristina Sosa (PJ) se opusieron a la idea bajo el argumento que los adicionales distorsionan la escala salarial y crea trabajadores de primera y de segunda. Finalmente, la propuesta pasó a comisión.
