El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso que todos los magistrados y funcionarios designados a partir del 12 de abril deberán presentar una declaración jurada patrimonial junto con el resto de la documentación que se exige para ocupar el cargo.
La medida fue resuelta en la reunión de acuerdo celebrada el 12 de abril, aunque recién se difundió ayer a través del departamento de prensa del Poder Judicial entrerriano. La acordada plantea que “todo magistrado y funcionario designado a partir de la fecha del presente acuerdo deberá acompañar declaración jurada patrimonial en el primer acto de presentación de toda la documentación exigida para el cargo, y con anterioridad a la toma de posesión, dándose intervención a la Contaduría General, a sus efectos”.
Además, el alto cuerpo dejó en claro que aquellos funcionarios que ya tienen cargos en el Poder Judicial, “de acuerdo a la legislación y reglamentación vigente, deberán presentar y actualizar periódicamente la declaración jurada patrimonial, cuya omisión constituye falta grave”. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial también remiten una copia de la declaración de bienes personales a la Contaduría General de la provincia.
Sin embargo, la acordada del STJ no especifica si se permitirá el acceso al público de las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados, algo que actualmente no ocurre. De hecho, la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak, ha dicho recientemente que no hay ningún proyecto en debate en ese sentido. “Deberíamos pensar una forma de hacer público lo que debe ser público y no público lo que debe seguir en la faz privada”, sostuvo. “Acá no existe una norma ni de orden provincial ni de orden interno del Poder Judicial que regule esta materia”, acotó.
CUENTAS PENDIENTES. Entre Ríos adeuda la sanción de una ley de ética pública. Aunque está previsto en la Constitución Provincial reformada en el año 2008, el artículo 37 de la carta magna aún no ha sido reglamentado. Allí se establece que “una ley de ética para el ejercicio de la función pública deberá contemplar”, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de “presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes” para los funcionarios de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas. Según consignó el portal Recinto Net, en los últimos años se han presentado dos proyectos en la Cámara de Diputados para aprobar una ley de ética pública, por parte de Rosario Romero (FPV-Paraná) y Fuad Sosa (UCR-Nogoyá). En ambos casos, se mantiene el carácter secreto de las declaraciones juradas, aunque podrán ser abiertas en circunstancias especiales; no obstante, se prevé que también se entregará una declaración sintética, que será de carácter público.
Letra de ley
En la provincia rige la Ley Número 3.886, que data de 1953 y prevé que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos “se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto” y sólo podrán ser abiertas en tres casos: ante una investigación por enriquecimiento ilícito, como recientemente ocurrió con el condenado ex legislador provincial Raúl Taleb; a pedido de la persona que firma o sus sucesores; y a requerimiento de un juez o autoridad competente. Por el momento, nada hace pensar que la situación vaya a cambiar, al menos en el corto plazo.
