Los dos empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) acusados por el desfalco de las compensaciones de impuestos se abstuvieron de declarar, en el inicio de la ronda de indagatorias dispuesta por la jueza de Instrucción Marina Barbagelata.
María Estrella Martínez de Yankelevich, quien estaba a cargo del Departamento Despacho del organismo, y Abelardo Daniel Gaggión, ex jefe de la División Mesa de Entradas, hicieron uso del derecho de abstenerse de declarar. Tras la audiencia, la jueza les concedió la excarcelación, así que ambos quedaron en libertad.
Su abogado, Walter Rolandelli, confirmó a EL DIARIO que “ambos se abstuvieron de declarar por consejo de esta defensa”, pero adelantó que “prestarán declaración en el momento oportuno; por el momento, escucharemos qué dicen los otros imputados y en el devenir del proceso se verá cuándo se pedirá la ampliación de la indagatoria”.
En ese sentido, las indagatorias continuarán después de la feria, cuando comience el desfile de empresarios ante la jueza Barbagelata. El cronograma, en esta primera etapa, se extenderá hasta el mes de septiembre. Por entonces se resolvería la situación procesal de todos los imputados.
Mientras tanto, el defensor de los denominados “empleados infieles” de la agencia recaudadora de impuestos de la provincia adelantó que tras la feria de invierno solicitará una serie de pruebas periciales tendientes a demostrar la vulnerabilidad del sistema informático de la ATER.
FRAUDE. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto, dando cuenta de un fraude a través del sistema de compensaciones de impuestos previsto en el Código Fiscal.
En un primer momento, Casaretto denunció irregularidades en el período comprendido entre el 1º de enero 2012 –fecha en que comenzó a funcionar la ATER– y el 4 de junio de 2014, e involucró a Estrella Martínez y Abelardo Daniel Gaggión, en su calidad de agentes de la administración pública. Ambos habrían simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria a 66 empresas. La maniobra se valuó en 18.125.558,95 pesos, de los cuales se utilizaron efectivamente para cancelar obligaciones tributarias por un monto de 17.088.281,58 pesos.
En el requerimiento de instrucción realizado luego por la Procuración General de la provincia se advirtió que los “empleados infieles” de la ATER habrían actuado “en connivencia y de común acuerdo con otros funcionarios aún no identificados, y con los contribuyentes de distintos impuestos, que tenían pleno conocimiento de la maniobra”, en referencia a 66 personas físicas y jurídicas que comenzarán a declarar a partir del lunes 28 de julio, tras la feria judicial.
La acusación fiscal no contempla a los contadores de las empresas involucradas ni a funcionarios públicos, a pesar de que, por ejemplo, Gustavo Gioria renunció al cargo de tesorero general de la provincia luego de que estallara el escándalo y quedara involucrado por haber sido, a la vez, contador de una de las empresas beneficiadas con la maniobra fraudulenta.
Los fiscales acusaron a los dos “empleados infieles” y a los empresarios por el delito de fraude contra la administración pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión.
Hacia atrás. Casaretto, como director ejecutivo de ATER, presentó dos denuncias relacionadas con el fraude y en los próximos días presentaría una tercera. La primera comprende al período 2012-2014, pero luego amplió esa denuncia hasta 2008. Pero el funcionario reveló que en los próximos días se presentará ante la Justicia una tercera ampliación, que comprende de 2004 a 2008, y hasta podría profundizarse la investigación al período 1999-2003.
