Argentina y Uruguay no lograron llegar a un acuerdo ayer en torno de una autorización para que la pastera UPM (ex Botnia) aumente los niveles de producción anual de celulosa por sobre el milllón de toneladas que estableció el fallo de La Haya.
El lunes, en medio de un creciente malestar, los presidentes José Mujica y Cristina de Kirchner dispusieron la llegada de una delegación oriental para intentar conciliar las diferentes posturas.
Durante todo el día de ayer un grupo de funcionarios de ambas cancillerías y expertos en medioambiente se reunió en la sede de la Cancillería en Buenos Aires para intentar bajar el nivel a la crisis desatada a partir de la intención manifestada por Mujica de otorgar el plácet a la compañía, algo que, incluso, podría ocurrir hoy más allá de la negativa argentina.
Anoche, tras conocerse el fracaso de la reunión, Mujica habría dado la orden de autorizar el aumento de producción a 1.200.000 toneladas, con un margen del 5% de incremento adicional, siempre que la compañía finlandesa acepte incorporar mejoras en el cuidado de impacto ambiental, cuyas obras están valuadas en varios millones de dólares.
Si efectivamente Uruguay cumple con su intención, la Argentina podría activar una nueva denuncia ante tribunales internacionales por incumplimiento del fallo de La Haya.
Las conversaciones entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro se extendieron ayer por más de 6 horas. Hubo, de entrada, desacuerdo. El Gobierno argentino mantiene su postura de no autorizar ningún aumento de la producción sin antes comprobar si la pastera contamina.
Este punto es clave: desde que en 2010 La Haya ordenó a ambos países realizar un monitoreo conjunto sobre la planta, los mismos no pudieron ponerse de acuerdo nunca respecto del modo en que se darían a conocer los resultados de los informes elaborados por la comisión científica.
Tampoco Uruguay pudo ayer responder ante los funcionarios argentinos -entre los que se encontraba el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Hernán Orduna- preguntas concretas sobre las condiciones que se impondrían a la pastera a cambio de una autorización para producir más de 200 mil toneladas más de celulosa por año. La Argentina reclama una reducción en la temperatura de los vertidos y el nivel de fósforo en los efluentes de la planta ubicada frente a las costas de Gualeguaychú.
La reunión en Cancillería tuvo momentos de tensión, que derivaron en un impasse que el propio Timerman buscará cerrar hoy, en un viaje a Montevideo, siempre y cuando el Gobierno de Mujica acepte darle continuidad a la negociación antes de darle luz verde a UPM.
La postura de la Argentina había sido ratificada ayer a media tarde por el propio gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, antes de viajar a los Estados Unidos en busca de inversiones.
Urribarri reiteró su rechazo a cualquier aumento de la producción y señaló que, «tal como lo expresó claramente la Cancillería argentina, el fallo del Tribunal Internacional de La Haya estableció puntos muy claros que estamos dispuestos a hacer respetar». «La Corte Internacional fijó el límite de producción en un millón de toneladas para la empresa cuando emitió dictamen y todo aumento en la producción de pasta de celulosa por parte de UPM (ex Botnia) modifica ese fallo judicial», afirmó el mandatario.
