Su vigencia es por un plazo de 90 días, «o hasta el dictado por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de decreto propiciado por esta Dirección Nacional que efectúe su derogación».
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En los considerandos explica que la medida fue adoptada «ante la necesidad de fortalecer con Estados Unidos de América las relaciones bilaterales tendientes a impulsar el comercio y el turismo, coadyuvando a la creación del marco propicio para incentivar actividades culturales, científicas, tecnológicas, y económicas, y a fin de sentar las bases estratégicas migratorias, y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de integración y movilidad de los migrantes».
