El Gobierno trabaja en silencio sobre una reforma a pedido del empresariado y que tiene como consecuencia directa el debilitamiento de un pilar del sindicalismo: la diferenciación en las negociaciones salariales por volumen de los empleadores, y eventualmente por regiones. El proyecto, que debe pasar por el Congreso, tendrá obstáculos tanto en los gremios como en el peronismo.
Los primeros indicios fueron en la última negociación del Consejo del Salario, en donde el Ministerio de Trabajo promovió la discusión de la productividad y el ausentismo laboral relacionado con la conflictividad. El debate quedó abierto en una de las comisiones. En la cartera laboral confirmaron que será en ese espacio donde se intentará acercar posiciones para un cambio de fondo en las discusiones salariales.
En el informe «El estado del Estado», que publicó el Ejecutivo el fin de semana para dar cuenta de la herencia de la administración anterior en cada sector, un capítulo referido al mercado de trabajo señala: «En Argentina, la negociación colectiva es centralizada a su máximo nivel y su aplicación es coercitiva para todos los empleadores, independientemente de su representación. Quienes negocian los salarios y las condiciones de trabajo por actividad, rama y puesto de trabajo son las cámaras empresarias y los sindicatos de nivel nacional.Esto impide que en las regiones de baja productividad los salarios y las condiciones de trabajo puedan adaptarse a la realidad local en un plan de desarrollo progresivo y de mejora de la productividad». El texto encendió alarmas en el sindicalismo.
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Los funcionarios que trabajan en el proyecto reconocen que se trata casi de una epopeya: uno de los ejes centrales sobre los que se asienta el poder gremial es la ley 14.250, de negociaciones colectivas, que establece las pautas que deben seguir las tratativas entre sindicatos y empresas. Los artículos 7 y 8 señalan que cada convenio colectivo será de aplicación obligatoria para todos los trabajadores y empleadores alcanzados por el nivel de representación de la organización gremial, y admite sólo modificaciones que tiendan a beneficiar al asalariado.
Hay además dos principios del derecho que consagran ese alcance en las paritarias, tanto por actividad como la desarrollada en el Consejo del Salario por centrales obreras y cámaras patronales: uno, el de «igual tarea, igual remuneración», consagrado tanto en la Constitución nacional como en la ley de Contrato de Trabajo. Otro, el de «erga omnes» que significa que la aplicación de una norma es para todos los involucrados por igual.
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En esencia, la administración de Mauricio Macri intenta habilitar la opción de fijar distinciones entre empresas por tamaño o nivel de facturación al momento de resolver las discusiones salariales. Es decir, que las pequeñas y medianas empresas puedan quedar al margen de un acuerdo de alcance nacional entre un gremio y una cámara empresaria, de modo de poder adecuarlo a su realidad económica más ajustada.
