Las monjas antonianas que dirigen la Escuela Privada Nº 141 San Antonio de Padua, de Santa Elena, pidieron perdón por la decisión de haber despedido a una docente de la sala de 5 años que padece cáncer, y este jueves por la noche decidieron restituirla a su cargo.
El caso de Vanesa Benítez, la docente despedida, había generado una conmoción en Santa Elena, y la solidaridad de los padres, que presionaron a las autoridades de la escuela para revertir el despido resuelto.
Benítez cubre una suplencia y había sido contratada a término por la escuela católica, que dirigen las monjas antonianas. Cuando venció el contrato, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, decidieron no renovar la relación laboral.
Este viernes, el equipo directivo de la Escuela San Antonio de Padua admitió que “había tomado una decisión que no condice con los valores que venimos pregonando con el ideario, con el carisma, con las opciones que venimos haciendo como institución en relación a nuestros hermanos más vulnerables”.
Restitución. Sergio Pezoa, secretario general de la seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), dijo que la reconsideración de la desvinculación laboral de la docente también se debió a la “presión” del gremio, que durante todo el jueves permaneció en Santa Elena al aguardo del desenlace del conflicto.
Las monjas de la congregación de San Antonio de Padua dijeron que revisaron “la situación con el equipo directivo del nivel y decidimos asumir el error y restituir a la docente en su cargo de suplente, tal como venía desempeñándose. Pedimos perdón a la docente involucrada, al resto de los docentes y a la comunidad educativa toda”.
“Reconocemos que la decisión que se había tomado no condice con todo lo que venimos pregonando y sosteniendo como institución. A los padres que se acercaron les agradecemos la paciencia y el respeto. Esperamos que puedan retomar la confianza en la escuela y acompañen a sus hijos para que asistan a clases con el mismo entusiasmo de siempre”, indicaron.
Hoy habrá una reunión entre las monjas de la congregación de San Antonio de Padua y el director de Educación Privada del Consejo General de Educación (CGE), Walter Galarza, para abordar la situación planteada.
Conflicto. La decisión de las autoridades de la Escuela Privada Nº 141 San Antonio de Padua, de Santa Elena, de despedir a la docente de la sala de 5 años no sólo generó el airado rechazo de los padres sino el reclamo de parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE).
El colegio, que depende de la congregación de las monjas antonianas de San Antonio de Padua, decidió no renovarle el contrato a la docente, que cubre una suplencia de otra maestra que está a punto de jubilarse. No hizo más que aplicar la Ley de Contrato de Trabajo.
La docente fue contratada a término fijo, un modo de relación laboral que ya es corriente en las escuelas públicas de gestión privada, sólo que en este caso se agrega un dato escalofriante: la maestra echada padece cáncer. La escuela confesional no sólo la deja sin trabajo: también sin obra social.
Mediante una nota presentada por los padres de los niños integrantes de la sala de 5 años de nivel inicial, la cual fue dirigida a los directivos del Instituto San Antonio de Padua, le solicitan “revertir la decisión tomada de forma autoritaria y discriminatoria con la Seño de nuestros hijos y sin tener en cuenta la situación de salud por la que está atravesando”.
Y como primera medida, muchos de ellos tomaron la decisión de no seguir enviando a sus hijos a clase hasta tanto no se resuelva la situación de la docente.
El director de Educación Privada del Consejo General de Educación (CGE), Walter Galarza, se mostró extrañado por el modo cómo la escuela resolvió el tema, y por la falta de criterio al momento de resolver la desvinculación de la docente. “Estaban en su derecho de no renovarle el contrato de trabajo, que había finalizado y esta docente es suplente. Pero debieron considerar la situación. Es una maestra con una enfermedad delicada, y no la pueden despedir así”, explicó Galarza.
El funcionario se alarmó por el hecho de que desde la escuela “no se informó nada; yo tuve que llamar para enterarme qué había ocurrido”. Pero la reunión no será con el apoderado legal de la Escuela San Antonio de Padua, el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala, sino que las autoridades de la congregación de las monjas antonianas, que hoy a primera hora estarán en el CGE.
Galarza dice que, a pesar de que el Estado aporta financieramente para el pago del 100% de los salarios de los docentes de la Escuela San Antonio de Padua, no puede interferir en la relación laboral. “Sólo podemos hacer sugerencias, plantear alternativas que no pasen por el final de la relación laboral con esta docente, y eso es lo que vamos hacer en la reunión que vamos a mantener con las autoridades”, aseguró.
Cuánto destina el Estado
En 2015, el Estado entrerriano destinó $1.534 millones a sostener a las escuelas públicas de gestión privada que existen en la provincia, la mayoría confesionales, y entre éstas, las de mayor peso son las que están bajo la órbita de la Iglesia Católica.