El exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, seguiría en prisión en la Unidad Penal Nº 1 durante un plazo de 20 días más.
La medida ya está siendo analizada por los fiscales que llevan adelante la investigación, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry.
En los primeros días de noviembre -a comienzos de la próxima semana-se cumple el plazo de los primeros 20 días de prisión, aceptados por el propio Righelato como forma, dijo a través de su abogado, Matías Argüello de la Vega, de no entorpecer la investigación en marcha en la Justicia.
Los fiscales entienden que la pesquisa está en sus inicios y que requieren ampliar la prisión del exfuncionarios mientras avanzan en la dilucidación de la supuesta comisión de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación judicial sobre Righelato apunta en varios sentidos. Un primer alerta lo dio la organización ambientalista M´Biguá, que hizo una presentación en Tribunales alertando respecto de la utilización de cañerías provenientes de la zona de Cuyo, usadas en explotaciones petroleras, y que en la provincia habrían sido reutilizadas en obras de provisión de agua potable.
Pero además, al extitular de Obras Sanitarias lo investigan por su participación en al menos tres empresas como socio las que, además, eran proveedoras del Estado: Ecocien SA, Azul SRL y Tecnogeo SA.
Las averiguaciones hechas por los fiscales permitieron determinar que habría utilización de vehículos y personal de Obras Sanitarias en esas empresas.
Righelato quedó detenido cerca de la medianoche del martes 11 del actual, en la puerta de una de su vivienda, en calle Fraternidad, cuando intentaba trasladar en su automóvil particular documentación pública de Obras Sanitarias. Luego, la Policía ordenó varios allanamientos, y en uno de ellos secuestro una cifra próxima a los $70 mil.
La investigación continuó y se produjeron allanamientos en su vivienda particular, en las empresas que se le adjudican y también en Obras Sanitarias. Toda la documentación y las pruebas encontradas tras esos operativos policiales están siendo ahora analizadas en la Justicia.
De acuerdo a lo que se explicó desde la Justicia, la detención de Righelato se adoptó para que no haya entorpecimiento de la investigación, según entendieron los fiscales, y la defensa no objetó. «Entendemos desde la defensa técnica, y esto lo comparte el señor Righelato, que la Fiscalía debe investigar ampliamente lo que tenga que investigar. Y que ninguna actitud de Righelato pueda ser mal entendida. Entonces, como es de público conocimiento que a la fiscalía le interesaba una prisión preventiva para asegurar su investigación, dimos un gesto, que no es habitual que parta desde una persona que está sospechada, y se les dijo a los fiscales que Righelato no tiene problema en estar privado de la libertad, y que investiguen lo que tengan que investigar», aseguró el defensor Argüello de la Vega cuando Righelato fue a Tribunales, el viernes 14, y se negó a declarar.
Righelato, que dirigió Obras Sanitarias desde 2004 en adelante y de forma ininterrumpida, está ahora en la cárcel.
Las empresas supuestamente beneficiadas por los negocios de Righelato son Azul SRL, creada en el año 2011, en la que figuran como socios el propio funcionario y Haydee Analía Varela; Tecnogeo SA, formada en 2009 y dedicada a la perforación de pozos de agua; y Ecocien SA, conformada en 2014. Esas firmas prácticamente no tienen personal ni maquinaria, por lo cual los trabajos terminan ejecutándose con empleados, maquinaria y movilidad del Estado.
Más comprometido
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull dijo que la situación del ex titular de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, «está cada día más comprometida».
«Estamos viendo documental que lo compromete y que ratifica la acusación que ha hecho la Fiscalía», afirmó.
Y aseguró, en declaraciones a Radio de la Plaza, que al delito de peculado «se le podrían sumar otros delitos, como el de enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles» y adelantó que «es posible ampliar la imputación a otros funcionarios y empresarios». También adelantó que «se está pensando en prorrogar» la prisión preventiva del ex funcionario en la Unidad Penal N°1 de Paraná, s «dada la complejidad de la investigación y la actitud que tomó el sospechoso al momento de ser detenido».
Agregó que Haydé Analía Varela, «una de las personas sospechadas y que surgía como socia de Righelato o con algún tipo de vinculación en la empresa Azul SRL, se presentó espontáneamente» y si bien «no declaró, designó abogado defensor». Es el mismo abogado de Righelato, Matías Argüello de la Vega.
