Unos 5.000 teléfonos celulares son robados en la Argentina por día. La cantidad fue establecida por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que depende del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, mientras que el jefe de la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana, Carlos Rojas, señaló que «es exponencial al desarrollo de la tecnología y se disparó desde el surgimiento de los smartphones».
«Estos celulares robados están un ciento por ciento en manos de delincuentes» a través de la reventa tanto a usuarios desaprensivos«como a narcotraficantes y secuestradores», afirmó el comisionado Rojas.
Leonardo Rajchert, presidente de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema), explicó que a los «dos millones de robos denunciados al año» hay que sumarles «los teléfonos traídos de contrabando desde países como Chile», lo que le genera un negocio ilegal de «unos doscientos millones de pesos al mes».
Frente a esta problemática, el Enacom lanzó en abril un sistema informático que permite verificar si un dispositivo fue denunciado por robo, mediante el cual «ya se registraron 96.000 consultas, unas 2.000 por día», detalló Agustín Garzón, gerente general del organismo estatal.
En esa base de datos, las compañías de telefonía móvil agregan los números de IMEI que porta cada teléfono denunciado por robo y los ingresan a la «banda negativa», una lista compartida con el resto de las empresas para asegurar el bloqueo del dispositivo.
Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que este sistema «limita la conexión de equipos robados en la red de telefonía móvil, para que los equipos denunciados queden bloqueados y su reinserción al mercado sea más dificultosa».
«Una forma de luchar contra la delincuencia es asfixiar las economías delictivas y desarticular las bandas que revenden celulares robados, y vamos en ese camino», añadió el ministro.
Mediante estas medidas, los organismos de telecomunicaciones buscan «que Argentina sea un país hostil frente al robo de celulares», dijo Rajchert. En ese sentido, el presidente de Catema reconoció que «hay más de una punta por donde abordar el problema», pero supone que «al haber menos demanda, va a disminuir la comercialización» en el mercado ilegal.
La fiscal Cristina Caamaño, responsable de la Unidad General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), conformó el año pasado una mesa de fiscales que trabajan sobre la problemática porque «se veían los inconvenientes con los celulares robados a través de otros delitos».
Por su lado, el fiscal a cargo de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolin, consideró que este «es un fenómeno muy grande que no se puede enfrentar si no se atacan las cadenas de sustracción y las de distribución», ya que «si se corta la cadena de valor que tiene el celular robado, se corta el robo de celulares».
«Hay que prevenir con campañas, poner más policías para evitar que haya arrebatadores dando vueltas, vigilar las zonas y comercios donde se revende, investigar las organizaciones que cambian los IMEI y controlar los datos de los teléfonos robados», opinó Azzolin.
