En un discurso ante los sindicalistas para celebrar el 1 de mayo en São Paulo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprovechó el que podría ser su último gran acto masivo antes de dejar su cargo para anunciar un reajuste del 9% en Bolsa Familia, el programa social símbolo de la era del Partido de los Trabajadores (PT), además de nuevas fases del programa de vivienda Minha Casa, Minha Vida y ventajas fiscales para clases medias y bajas. Su antecesor y mentor político, Lula da Silva no hizo discurso público para, según fuentes del Gobierno, “no quitar protagonismo” a Rousseff.
El día 11 de mayo está prevista la votación del proceso de destitución en el Senado, que probablemente suspenderá temporalmente a la presidenta y abrirá camino para que el vicepresidente, Michel Temer, asuma el cargo. Los senadores tendrán entonces 180 días para analizar las acusaciones contra Rousseff —hasta el momento, se resumen a delitos fiscales— y votar a favor o en contra de la destitución definitiva.
El acto del domingo en São Paulo era, como siempre, una marea roja (el color del PT), pero la asistencia fue menor que en otras manifestaciones de semanas anteriores y se respiraba un cierto aire melancólico. Rousseff, de blazer rojo, subió al palco para repetir que no está acusada de corrupción y que los delitos fiscales de los que se le acusa los cometieron también sus antecesores. “Este golpe no es solo contra mí y contra la democracia, es contra las conquistas de los trabajadores”, subrayó, en referencia a posibles cambios en el salario mínimo y las pensiones. “Voy a resistir y luchar hasta el fin. Estoy aquí el 1 de mayo porque es un día de resistencia”, afirmó Rousseff. “Se trata de defender un proyecto que votaron 54 millones de personas”, sostuvo.
Medidas. Los reajustes de Bolsa Familia y las tributaciones de clases desfavorecidas anunciados por Rousseff se han topado hasta ahora con la resistencia por parte del Tesoro brasileño, dada la mala situación de las cuentas públicas, pero la evaluación política concluyó que eran necesarias como gesto de despedida de Rousseff. En el caso de Bolsa Familia, hay muchos especialistas que defienden la corrección, debido a la inflación del 10% que viene afectando a Brasil en los últimos dos años. El programa, del que se benefician 13,8 millones de familias y es uno de los responsables de la reducción de la pobreza en el país desde la década pasada, no se reajustaba desde mayo de 2014. Creado en 2005, el programa se transformó en un puente entre el PT —un partido mayoritariamente de clase media y fuerzas sindicales— y los más pobres. La consagración de Lula en la presidencia hizo que uno de los ideólogos del partido, André Singer, bautizara el fenómeno como “lulismo”.
Irónicamente, la defensa contra la destitución (impeachment), que el partido y sus aliados clasifican como “golpe” por juzgar que las acusaciones contra Rousseff son demasiado frágiles, ha servido como principal galvanizador de las izquierdas en torno al PT de nuevo. Desde el mes pasado, los líderes del PT y sus seguidores reúnen a miles de personas en la calle en defensa del Gobierno. A pesar de ser menores que las multitudinarias marchas a favor del impeachment, demuestran que todavía tienen poder de movilización.
PARA DESTACAR
Frase. En el discurso brindado ayer por Dilma en la marcha organizada por su partido afirmó: “Nunca recibí coimas, jamás usé dinero del pueblo brasileño”, sostuvo la mandataria.
En agenda
El caso de destitución de Dilma está ahora en manos de una comisión del Senado que debe elaborar un informe que será votado el viernes próximo en su seno y elevado al pleno del cuerpo, que el jueves 11 votará si corresponde activar el juicio político. Según encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, al menos 50 senadores –nueve más que los 41 que constituyen la mayoría simple necesaria– están dispuestos a pronunciarse a favor.
Si efectivamente el juicio se pusiera en marcha, Rousseff deberá dejar su cargo en manos de su vice y ex aliado Michel Temer por un plazo máximo de 180 días, al cabo de los cuales el pleno del Senado deberá votar -en este caso, con mayoría calificada de dos tercios– si la presidenta debe ser destituida.
