“Dije en mi anterior mensaje ante la Asamblea Legislativa que me proponía erradicar definitivamente inmundicia de la trata de personas de estas tierras. Hoy con orgullo y emoción anuncio que esta semana nuestra Policía de Entre ríos –que en esto ha tenido una acción impecable- acaba de cerrar los últimos prostíbulos que funcionaban en Entre Ríos”, afirmó el mandatario ayer ante los legisladores al dejar inaugurado un nuevo período de sesiones.
“Quiero agradecer la determinante posición y acción de nuestros intendentes, y a todos aquellos que cooperaron para que esto que fue un anuncio un año atrás no haya quedado en el vacío”, expresó el gobernador entrerriano.
La clausura de la totalidad de los prostíbulos que funcionaban en la provincia por parte de la Policía de Entre Ríos se logró tras la promulgación de la ley número 10.186, que prohíbe la instalación de establecimientos para la explotación sexual en todo el territorio. Los últimos procedimientos se realizaron este fin de semana largo, cinco en Gualeguay y tres en Diamante, con intervención de efectivos policiales y agentes municipales.
La herramienta jurídica
“Somos pioneros en las acciones de combate a la trata de personas. En 2008, por disposición del gobernador Sergio Urribarri, creamos una división especial en la Policía de Entre Ríos y hoy contamos con una herramienta jurídica, que es la ley 10.186, que posibilita la erradicación de este delito y el rescate de las mujeres víctimas», expresó por su parte el ministro de Gobierno, Adan Bahl.
«El cierre de estos locales en todo el ámbito provincial pone un freno a la explotación organizada, a lo que debe sumarse una fuerte concientización para que se entiendan que quien paga por sexo, están esclavizando a una persona”, acotó.
El funcionario señaló luego que la decisión política del Gobernador en este sentido se vincula «con este presente de dignidad y de cumplimiento de derechos que se ha forjado desde 2003 y que en Entre Ríos tiene una expresión clara».
Antes de la sanción de la norma, otros cierres fueron llevados a cabo por parte de algunos municipios a través de ordenanzas que prohíben la habilitación de prostíbulos en los ejidos municipales, muchas veces encubiertos bajo la figura de bares, wisquerías u otro tipo de comercios.
Al momento de la sanción de la ley 10.186, el 20 de diciembre, existían en la provincia 57 prostibulos. A la fecha todos fueron cerrados gracias a la acción conjunta del Ministerio de Gobierno y Justicia, de los municipios y de la División Trata de Personas de la Policía.
En cada operativo, además de notificar formalmente a los responsables de los lugares, se informó a las mujeres en situación de trata sobre los pasos a seguir y los organismos a los cuales dirigirse para recibir asesoramiento y ayuda para el ejercicio de sus derechos.
Ahora, se inicia una etapa en la que se llevará a cabo una tarea de control periódico para evitar reaperturas o el surgimiento de nuevos locales de ese tipo.
Sobre las multas
El ministro Bahl anticipó que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto que apunta a complementar el artículo 5 de la ley 10.186, referente a las multas.
El valor de la multa se establecerá en unidades fijas, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. En el acto en el que se disponga el monto de la multa, se determinará la misma en unidades fijas y se abonará su equivalente en dinero.
Las multas serán aplicadas a quienes «instalen, sostengan, administren, regenteen, exploten, promocionen y/o publiciten ostensible o encubiertamente alguno de los establecimientos mencionados en el artículo 1° de la ley 10.186”.
La clausura de los prostíbulos fue dispuesta a partir de la sanción de la ley 10.186, que prohíbe “en el territorio de la provincia de Entre Ríos la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”.
En la norma se ordena “la inmediata clausura” de los prostíbulos que estén funcionando y se faculta “a la autoridad de aplicación a adoptar las medidas necesarias y conducentes a tales fines, y aquellas destinadas a la protección integral de las víctimas, como así también a suscribir convenios con los municipios y comunas correspondientes para el control, seguimiento y aplicación de la presente norma”.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Gobierno, a través de la División de Trata de Personas de la Policía.
Desde la sanción de la ley, en diciembre de 2012, en menos de dos meses se han clausurado todos los prostíbulos en el territorio provincial.
