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Se determinó que faltaban 50 armas del depósito de Tribunales

7-armas-1La investigación por la supuesta venta de armas que habían sido secuestradas y debían estar bajo resguardo judicial, que involucra a empleados de tribunales, está en su etapa final y el fiscal Ignacio Aramberry cree que antes de fin de año será elevada a juicio.

Sin embargo, la novedad más importante es el resultado del inventario realizado en el depósito: en el informe consta que sobre un total de más de 3 mil armas, se determinó que faltaban alrededor de 50, de distinto tipo y calibre: 9 milímetros, revólveres calibre 22, 32 y 38 y armas de guerra, reveló el fiscal en diálogo con el programa A quien corresponda (Radio de la plaza). En ese sentido, Aramberry explicó que el valor de las armas, en el marcado ilegal en el que se comercializaban cuando eran sustraídas de tribunales, oscilaba entre 2 mil y 3 mil pesos, según el caso, y que «era un comercio definitivo, eran ventas concretas», descartando que se tratara de alquileres.

El principal acusado en la causa es el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Daniel Vitali; pero también hay otro empleado judicial involucrado en la maniobra, Maximiliano Bertoni, que trabajaba en el Departamento Médico Forense.

Según lo que ha podido reconstruir el fiscal durante los nueve meses que lleva de investigación, se trataba de una sustracción de armas que se encontraban depositadas en tribunales para insertarlas en el mercado ilegal. «Eran entregadas (las armas) por uno de los imputados (Vitali) a otro (Bertoni), y a su vez eran distribuidas por ese otro a terceros que las comercializaban entre otras personas», detalló.

El fiscal Aramberry confirmó que espera concluir la investigación penal preparatoria antes de fin de año y elevar la causa a juicio. Explicó que «es una investigación muy compleja» y no descartó que pueda haber otras personas implicadas, más allá de Vitali, Bertoni y otras cinco personas que han sido imputadas.

Los otros acusados son Mario López Alonso y Eduardo Borgogno, que serían los encargados de vender las armas; y Georgina Vega, que es la única acusada de comprar un arma sustraída del depósito de tribunales. Podría haber otros imputados que se sumen en los próximos días, también por la compra de armas. Todos están excarcelados, se indicó.

Respecto del encargado del depósito de armas, Fabricio Santapaola, no hay pruebas de que esté involucrado en la comercialización de armas, pero sí habría una omisión en su deber de control de la oficina.

En cuanto a Javier y Horacio Brítez, padre e hijo, que estaban acusados de guardar armas en una vivienda, fueron apartados de la causa porque la Policía allanó su vivienda sin autorización y se dispuso la nulidad de las actuaciones respecto de ellos.