Luego de que en la última sesión del Concejo Deliberante se decidiera por mayoría pasar a comisión el veto parcial de la intendenta Blanca Osuna en relación a la Ordenanza que prohíbe la construcción de barrios cerrados en Paraná, se discutió ayer en Comisión entre insistir con el proyecto original o dejar el veto como está.
De esa reunión salió un despacho con la propuesta de volver sobre la redacción primera con la firma de cuatro concejales. A saber, Miguel Rettore (UCR), Marcelo Haddad (PS), Gustavo Guzmán y Elizabeth González (ambos del FJPV). Para que el despacho pueda ser tratado en el plenario debe contar con cinco apoyos (la mitad más uno). Hasta hoy a las 12 hay plazo para que se sume una firma y el rechazo del veto sea tratado en la próxima sesión del 21 de agosto. La esperanza de los críticos al veto estaba depositada en la concejal Rosana Núñez (FJPV).
Los ediles que no acompañaron la iniciativa de volver sobre la Ordenanza original son Juan Manuel Huss, Cristina Sosa, Enrique Ríos y Natalia Osuna. A esta lista puede sumarse Núñez. Si triunfa esta postura el veto queda vigente ya que pasará el plazo estipulado de 15 días hábiles desde su emisión. Una vez transcurrido este tiempo el veto queda firme.
LA CUESTIÓN. La decisión de la intendenta que causó revuelo político dentro del mismo bloque oficialista se refiere a una cuestión bien puntual. Está aplicado sobre el artículo que prohíbe las construcciones cerradas “siempre que superen una manzana máxima (150 metros)”. Osuna no está de acuerdo con esa delimitación. Sin embargo, el viceintendente, Gastón Grand, la defiende ya que la considera técnicamente correcta.
ASISTENTES. Además de los concejales, participó de la reunión de Comisión el secretario de Planificación, Guillermo Federik, quien se encargó de argumentar el veto. Estuvo acompañado por el subsecretario del área, Andrés Dabín. Además estuvo presente el presidente del Colegio de Arquitectos, José Lino Churruarín, representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Osides Mayor.
Estas asociaciones habían participado de la elaboración del proyecto de Ordenanza que fuera aprobado por unanimidad.
Según manifestaron algunos de los participantes de la reunión de ayer, hubo indignación porque ciertos representantes de las asociaciones no pudieron hacer uso de la palabra.
Fuente: El Diario.
