La iniciativa -que tuvo más de 30 modificaciones- fue aprobada con 38 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra por parte de Juntos por el Cambio por considerar que el proyecto implica un avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
El tramo final del debate se dio mientras el Presidente, por cadena nacional, destacaba la importancia del proyecto que apunta a establecer los «parámetros epidemiológicos y sanitarios» para determinar los distintos niveles de restricciones y anunciaba un nuevo decreto.
Del lado del Frente de Todos, los senadores remarcaron la importancia de contar con una ley que le dé un marco a la aplicación restricciones ante la situación de emergencia y alertaron sobre el cuadro epidemiológico del país.
«Hay muchas provincias que ya tienen su sistema de salud colapsado. No hay un punto del país hoy que no esté afectado», expresó en este sentido el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien criticó a la oposición y sentenció: «Mientras nosotros tenemos una estrategia sanitaria, la oposición solo tiene una estrategia electoral».
En Juntos por el Cambio, en tanto, cuestionaron el proyecto al tiempo que responsabilizaron al Gobierno por la situación actual como fue el caso del jefe del interbloque, Luis Naidenoff, quien sostuvo que «el problema sanitario no se arregla con esta ley, para eso se requiere una gestión eficiente, tienen que gestionar vacunas para la sociedad».
«A las 20:35, con el mensaje grabado del Presidente, se echó por tierra toda legitimidad que pueda tener el contenido de la norma que hoy votamos», agregó el senador formoseño.
La senadora María de los Ángeles Sacnun (Frene de Todos), quien estuvo a cargo de trazar el camino legislativo de este proyecto, sostuvo que «a medida que la crisis sanitaria perdura amerita dictar una legislación como se ha producido en otras partes del mundo».
«Se deben cumplir ciertos requisitos: la emergencia pública, un plazo para el uso de cada facultad y establecer parámetros epidemiológicos objetivos», subrayó la senadora santafesina.
En tanto, su par de Juntos por el Cambio Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, sostuvo que el proyecto «es un intento para maquillar de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa».
Más dura fue su compañera de bloque Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo que, de aprobarse esta ley, «el Presidente va a convertirse en un emperador» y que «los gobernadores no deben avalar esta ley» porque el Gobierno nacional se «arrogará facultades que no le son propias».
«Hablamos de Alemania en la inspiración de este proyecto de ley. Pero desde que la ley entró allí en vigencia Alemania lleva 18 millones de vacunados más, testea 4 veces más que la Argentina y allí esa ley se debe renovar cada tres meses», señaló a su turno Martín Lousteau (Juntos por el Cambio).
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) subrayó que «es clara la validez y la necesidad de esta ley, destinada a ayudar al Presidente y a los gobernadores para enfrentar esta crisis lo mejor posible» y negó que «otorgue ninguna clase de superpoderes, eso es un discurso sesgado para hacer creer lo que no es».
A grandes rasgos, el proyecto busca darle un marco normativo a la aplicación de medidas para evitar la propagación del Covid-19 y, para ello, define las categorías de Riesgo Epidemiológico Bajo, Medio, Alto y Alarma Sanitaria, en función de la cantidad de casos cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas en el sistema sanitario, entre otros indicadores.
Uno de los puntos más discutidos es que, en las zonas de Alarma Sanitaria, sería la ley la que fije cuáles serán las restricciones que deberán aplicarse, incluida la suspensión de la clases presenciales y los límites horarios para la circulación y funcionamiento de locales.
En ese sentido, el tema más sensible es el de la presencialidad de las aulas, dado que se suspenderá automáticamente en los de Alarma, sin previa consulta con los gobernadores.
NA
