Trébol, hacia el centro de Paraná fue abordada por un desconocido en avenida Almafuerte, a la altura del 800. El mismo le apuntó con una pistola y le ordenó bajarse. El ladrón le quitó la moto y desapareció. Pocas horas después, un desconocido se comunicó por teléfono con el hermano de la víctima, y le pidió 8.000 pesos para devolverle el rodado, que en el mercado vale el doble de esa cifra. Después de algunas horas, al ver que no obtenía resultados, el extorsionador pidió 4.000. La joven hizo la denuncia policial, pero el trámite para obtener las órdenes de allanamiento demoró tanto, que se frustró la búsqueda. Ocurrió el 30 de enero último, y es uno de los varios casos que desde hace algún tiempo preocupan a la Policía local.
El jefe de la División Investigaciones, Walter Villagra, reconoció que en los últimos meses se han registrado robos de motocicletas a mano armada. “Primero se pensó que podría tratarse de una especie de organización que buscaba vehículos para algún mercado que desconocíamos. Pero luego eso se descartó”. Otras fuentes policiales, concedieron que si bien el número de hechos calificados por el uso de armas no es muy grande, la preocupación radica en la posibilidad de hechos fatales por la propia mecánica de cualquier asalto, es decir, la reacción violenta del ladrón ante la negativa de alguna víctima a entregar sus pertenencias.
Villagra aseguró que el típico robo de motos en la vía pública (el caso de quienes las dejan en la vereda o la calle sin medidas de seguridad, sólo con la traba de manubrio, o aquellos casos en que sustraen la moto con la linga puesta), “ha disminuido alrededor de un 50% en los últimos meses”.
El funcionario recordó que hasta el 2011 se registraba un promedio de cinco motos robadas por día. Y agregó que esa merma es el resultado de los operativos, la implementación del sistema de vigilancia 911, y del trabajo conjunto con las fiscalías.
En cuanto a los lugares y personas que cometen los asaltos, Villagra resumió que “no hay sectores más afectados que otros, hemos tenido denuncias en distintos puntos de la ciudad”, y que a los atracos “los comete cualquiera que esté buscando los 100 pesos o su equivalente en droga”. Ésa es la cifra que recibe, generalmente, quien pone en riesgo la vida de la víctima y la suya propia, con la posibilidad adicional de caer preso y recibir una condena de seis a 15 años de prisión.
Varios pueden ser los destinos de una moto sustraída en Paraná. El más habitual, en las de mayor valor, es el de ser utilizada para extorsionar al propietario, mediante el pedido de una cifra de dinero para devolverla. Un oficial de Policía explicó que los extorsionadores no tienen una cifra fija. “Varía de acuerdo al costo del vehículo, el poder adquisitivo de la víctima, a la que generalmente conocen porque le sustrajeron el rodado frente a su casa o su trabajo, y de la ansiedad que demuestre el damnificado en la negociación”, detalló la fuente consultada.
Por ejemplo, al hijo de un conocido empresario local, al que le sustrajeron una unidad cara que dejó estacionada frente a un edificio de departamentos de calle Mitre, le solicitaron 8.000 pesos para rescatarla.
“Lo que nosotros le pedimos encarecidamente a la ciudadanía es que, de inmediato, ponga el delito en conocimiento de la Policía. Necesitamos saber cómo se mueven los delincuentes, cuántas veces los llaman, qué les piden y otros detalles, para lograr identificarlos”, sostuvo Villagra.
El oficial reveló que Investigaciones está detrás de dos o tres grupos dedicados a la sustracción, extorsión y desguace de las motos. “Tenemos mucha información sobre uno de esos grupos, que pide rescate, y tenemos una averiguación muy avanzada”, acotó el funcionario. Sospechan que se dedican a sustraer modelos relativamente costosos, como por ejemplo las Honda Tornado, a las que ocultan en lugares seguros y con buenas condiciones de conservación, durante una o dos semanas, mientras extorsionan a los dueños. Después de ese lapso, si no pudieron conseguir dinero, las desarman y venden las partes más caras en el mercado negro del repuesto. El cuadro y demás accesorios no vendidos van a parar a alguna chacarita, donde les pagan unas pocas monedas por kilo.
En ese aspecto, el comisario Villagra sostuvo en declaraciones a El Diario que “se está trabajando con mayor coordinación con las fiscalías, imputando a quienes tengan repuestos o partes de motos robadas el delito de receptación sospechosa” (que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión). El entrevistado añadió que “se busca cortar el comercio de motopartes, haciendo trabajos de inteligencia para aportarle a los juzgados datos precisos de domicilios donde se sospecha que se guardan esos elementos robados”.
Fuente: Once
