El oficialismo busca acelerar el tratamiento de los cinco proyectos de ley para la implementación del nuevo Código Procesal Penal e intentará conseguir dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el próximo 20 de mayo. Antes del dictamen, se deberá completar el informe al respecto de la comisión bicameral que controla la puesta en marcha de esa normativa.
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«La idea es tener dictamen el 20 de mayo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y antes el informe de la bicameral», informó una fuente oficialista del Senado.
La misma fuente aceptó que hay dos temas polémicos: uno de ellos es el referido a la creación de la llamada Oficina Judicial, contemplada en los proyectos de ley de Implementación del Código y en el de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, que se encargará de las funciones administrativas y la gestión de recursos.
Sobre todo en lo que atañe a su integración, la selección de sus autoridades, los mecanismos utilizados para la selección del personal y a los criterios para el ordenamiento de las causas.
El otro asunto en cuestión es la implementación progresiva del nuevo código en la Capital Federal, que también figura en los proyectos antes mencionados, por la cual se establece la división del distrito porteño en distintas circunscripciones donde se aplicará la norma en forma alternativa, lo cual abre la puerta a discusiones.
Por un lado, los legisladores del macrismo reclaman que se deje sin efecto la aplicación del Código, ya que insisten en pedir que se excluya a la justicia nacional en lo penal con asiento en la ciudad de insisten en peticionar la transferencia del fuero a la jurisdicción local, y además, hay quienes cuestionan que el Código se aplique en algunos barrios de la ciudad y en otros no, a causa de esa adaptación gradual.
La Comisión Bicameral de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal resolvió ayer invitar para el miércoles 5 de mayo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que opinen sobre los proyectos impulsados por el oficialismo como parte de la puesta en marcha del referido código.
Y resolvió hacer lo propio con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, para el miércoles siguiente.
La iniciativas presentadas por los senadores oficialistas, que fueron consultadas con el Ministerio de Justicia, son: la ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, la de modificación del ministerio Público de la Defensa, una reforma parcial del actual Código Penal y la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.
La particularidad es que esta bicameral, si bien está conformada por ley, no tiene la facultad de efectuar dictamen alguno, por lo cual el tratamiento legislativo de los referidos proyectos se hará en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que luego los trate en el Cuerpo en el recinto.
