Los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Marcela Badano, sancionaron con arresto a Juan Pablo Vega y a cuatro de sus familiares directos tras las agresiones verbales y un violento ataque que sufrió el tribunal en la sala de audiencias luego que condenara al sujeto mencionado a 14 años de prisión.
Vega había sido imputado por el homicidio de su cuñado, Pedro Ulises Romanutti, ocurrido el 3 de enero de este año en calle General Espejo y el Entubado del Arroyo Antoñico. Ayer, en el adelanto del veredicto, en el que se informó al acusado de haberlo encontrado autor material y responsable del delito de homicidio simple –tal como solicito Fiscalía–, se sucedieron los escandalosos hechos.
Desde hace tiempo se viene reclamando medidas de seguridad tanto dentro como en inmediaciones del Palacio de Justicia de Paraná. En el exterior, sobre todo por las concentraciones de allegados a los detenidos en la puerta de la Alcaidía, sobre calle Córdoba. Allí entran y salen permanentemente personas arrestadas por causas judiciales, generando situaciones peligrosas a ocasionales transeúntes. Sobre todo escolares que muchas veces pasan por esa misma vereda, empleados o simples vecinos que cruzan a la misma hora en que trasladan a los reos al mediodía.
En el interior, en tanto, los cambios estructurales tendieron a mantener estratégicamente distantes del acceso inmediato a salas de audiencia, así como oficinas de jueces y fiscales.
Generalmente se realizan requisas de bolsos y cacheos a las personas que ingresan como público a las salas de juicio oral y público. Pero en el momento menos pensado, sucede un hecho como el de ayer, en el que se advirtió que un fiscal quedó extremadamente expuesto a una agresión. Sin exagerar bien podría plantearse que no fue una tragedia. “Solo fue un vaso que arrojaron contra el fiscal Gervasio Labriola y el fiscal Ignacio Aramberry; fueron algunos parientes del condenado que se desacataron y debieron ser reducidos y detenidos”, se explicó desde el destacamento policial en la Alcaidía de Tribunales.
Tras ver las imágenes de lo acontecido, un especialista en temas de seguridad comentó escuetamente a EL DIARIO: “No se puede jugar con la suerte. En principio no se deberían permitir elementos cortantes o punzantes cerca del imputado. Una lapicera se transforma en un punzón, o el mismo vaso de vidrio, que en manos del sujeto logre ser roto contra el escritorio, se transforma en una filosa navaja que, en un solo salto, un hombre descolocado emocionalmente puede colocar en el cuello de cualquiera de las personas que quiera agredir, incluso a si mismo”, describió.
El juicio. Juan Pablo Vega, el condenado a 14 años de prisión por la muerte de su cuñado, arrojó un vaso con agua contra los fiscales. El objeto dio de lleno en el brazo de Labriola, mientras los familiares del acusado reaccionaron contra los abogados representantes del Ministerio Público fiscal. Se pudo conocer que uno de los parientes de Vega, mientras se suscitaba el tumulto, habría sustraído el teléfono celular del fiscal agredido.
Producto del disturbio generado, los efectivos intentaron calmar a los familiares y se les solicitó que se retiraran de la sala de audiencia.
El imputado fue trasladado inmediatamente a la Alcaidía a la espera de ser derivado a la Unidad Penal de Gualeguay, lugar donde había aguardado el inicio del proceso por asesinato.
Luego, resultaron detenidos y trasladados a Alcaidía por los disturbios quienes participaron de los mismos: una hermana, un hermano y un amigo de Vega. Además, la madre del homicida se desmayó y debió ser atendida por los médicos de Tribunales.
Tras la requisa a los familiares del condenado que se habían congregado en la puerta del palacio de justicia, se pudo recuperar el celular del fiscal Labriola, aunque con la pantalla rota y sin el chip.
Los fiscales que se encontraban en la audiencia efectivizarán la correspondiente denuncia sobre lo ocurrido y pedirían más seguridad en la sede de Tribunales, se adelantó.
Resolución. De acuerdo lo informado anoche por el servicio de información del Superior Tribunal de Justicia, “en ejercicio de su poder de policía y disciplina de la audiencia”, el tribunal impuso arrestos de 8 días para el imputado; 5 para su padre, Darío Vega; 6 para a su hermano, Ángel Vega; y 2 días para su mujer, Pamela Romanutti y su madre, María Alejandra Cejas.
Paralelamente, la Fiscalía de turno inició una investigación por los posibles delitos de atentado a la autoridad doblemente calificado, robo, lesiones y otros posibles delitos, y en las próximas horas podría disponer detenciones.
El presidente del Tribunal Alejandro Grippo, sostuvo que “no se puede tolerar la violencia en ninguna parte, pero menos aún en una sala de audiencias”. Para el magistrado, el hecho violento sucedido ayer a la mañana en el Palacio de Justicia “no escapa a la violencia que se vive en todas las esferas de nuestra sociedad”.
Por su parte, Vírgala explicó que el Tribunal pudo imponer las sanciones porque “con el nuevo sistema de enjuiciamiento las audiencias están totalmente grabadas. Pudimos observar claramente qué hizo cada uno de los sancionados”.
Los magistrados expresaron que “ha fallado algún aspecto de la seguridad, que deberá reverse. Deberemos estar más atentos a las personas que ingresen a la sala, sobre todo en casos especialmente conflictivos como el que motivó el juicio al señor Vega, donde se investigó un homicidio intrafamiliar”, indicó Vírgala. Por su parte, Grippo remarcó que “las audiencias son públicas y se alienta la asistencia de la ciudadanía, pero se adoptarán medidas más estrictas y se exigirá el cumplimiento del protocolo de seguridad”.
