El Fiscal José Ignacio Candioti solicitó que Carlos José Martínez sea condenado a 13 años de prisión por la captación, traslado, recepción y ofrecimiento de una adolescente salteña para su explotación sexual y la violación de la víctima. La que solicitó este miércoles el fiscal es la pena más alta que se haya pedido en la provincia para un acusado por el delito de trata desde la sanción de la ley nacional, en 2008, y es también la primera vez que se dan todas las fases del delito en un mismo caso.
La víctima es una joven salteña de 15 años, secuestrada en la localidad norteña de El Quebrachal, el 20 de agosto de 2014; que fue trasladada a Santa Fe, donde fue explotada sexualmente en un inquilinato donde también prostituían a otras jóvenes; y luego también en una carpa ubicada en la Plaza Carbó, detrás de la Casa de Gobierno, en Paraná, hasta que fue rescatada por la Policía, el 10 de septiembre.
El fiscal no dudó en calificar el caso como de “trata dura”, por el uso de amenazas y extrema violencia para quebrar la voluntad de la víctima, ya que era obligada a consumir pastillas y alcohol y sufrió feroces palizas con golpes de puño, cintazos en distintas partes del cuerpo e incluso quemaduras con cigarrillos.
En tanto, el defensor oficial ad-hoc, José Boxler, planteó la “inaprovechabilidad” de la Cámara Gesell donde se tomó testimonio a la víctima, es decir, pidió que la declaración de la adolescente sea desechado como prueba de cargo, por considerar que no había tenido oportunidad de interrogarla respecto de lo que llamó “inconsistencias” y “errores” de su versión de los hechos (ver recuadro). No obstante, solicitó la absolución de Martínez.
El tribunal, integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, anunció que dará a conocer el veredicto el próximo miércoles 7 de septiembre.
Trata dura. En su alegato, el fiscal acusó a Martínez por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en las modalidades de captación, traslado, recepción y ofrecimiento; agravado por ser la víctima menor de edad; por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad; por la utilización de engaño, violencia y amenazas; por la participación de tres o más personas; y porque la explotación efectivamente se consumó.
Según dijo, “Martínez intervino en todas las fases del delito: no solo la captó (en Salta) y la trasladó, sino que también le dio alojamiento en Santa Fe, primero, y en Paraná, después”. De las instancias habría participado también una mujer, Gladys Graciela Ibáñez, quien se encuentra prófuga; y agregó Candioti que en Santa Fe albergó a la adolescente en un prostíbulo ubicado en cercanías de la terminal, regenteado por Cristian Gusano Vera, conocido proxeneta de la ciudad. En ese lugar “le hizo tener relaciones sexuales por dinero con hombres, y ese dinero se lo quedaba en parte el imputado (Martínez)” y el resto se lo apropiaba alguien identificado como Chileno, por lo que remarcó que “la explotación se consumó”.
En otra fase de la cadena delictiva, Martínez trasladó a la joven hacia Paraná, donde nuevamente fue sometida como esclava sexual en hoteles de la ciudad por el propio Martínez y por otros hombres que pagaban por tener relaciones sexuales; y en una carpa en la Plaza Carbó, detrás de la Casa de Gobierno.
El fiscal sostuvo que cuando le preguntaron a la adolescente cuántas veces había sido sometida, “ella empezó a contar con los dedos de las manos y dijo que la habían abusado diez veces”.
Candioti también hizo hincapié en que la adolescente estaba amenazada: “La amenazaba constantemente y (Martínez) ejerció violencia sobre ella, lo que fue constatado por el médico: tenía lesiones en la cara interna de los muslos de ambas piernas y marcas del cinto en el pecho, le pegaba cintazos; y lo hacía para poder consumar la explotación”. Y citó a la víctima: “Me entregaba a cualquiera, quería que yo me entregue a hombres por plata, y lo tenía que hacer sí o sí, porque si no lo hacía me pegaba o me cortaba”, declaró la joven.
En ese punto, el fiscal sostuvo que “las lesiones, sumado a la situación de que la menor recibía calmantes y estaba amenazada, hacían posible que se produjera el abuso sexual, por más que el informe médico diga que no hay signos de violencia sexual”.
El eslabón perdido
En su alegato, el fiscal Candioti pidió reactivar la búsqueda de Gladys Graciela Ibáñez, que sería pareja de Martínez, y habría participado en algunas fases del hecho; como también reforzar la investigación para identificar a otros dos hombres identificados por los apodos de Chileno y Polaco.
Respecto de la mujer, el fiscal remarcó que fue señalada como una de las personas que secuestró a la adolescente en Salta y la trasladó hasta la ciudad de Santa Fe, junto con Martínez. La pareja la llevó primero hasta Nuestra Señora de Talavera (Salta) y de allí a Monte Quemado (Santiago del Estero), donde los tres abordaron un colectivo hasta la ciudad de Santa Fe. La pareja gestionó los pasajes en el municipio y fueron comprados a nombre de Martínez, “Gladys Rodríguez” y una menor NN.
El fiscal explicó que el nombre de Gladys era una constante en la investigación, pero era mencionada como Díaz, Ibáñez o Rodríguez, y eso tiene una explicación. Según dijo, el primero es su apellido materno y el otro es el apellido de su hijo, de modo que esas menciones no eran producto de la casualidad.
Un informe de Gendarmería reveló que la verdadera identidad de la mujer es Gladys Graciela Ibáñez, cuyo DNI coincide con el que dio para los pasajes en colectivo desde Monte Quemado hasta Santa Fe, con domicilio fiscal y domicilio laboral en el centro de la capital santafesina; mientras que su hijo, Mario Rodrigo Díaz, vive al cuidado de unas tías.
La mujer se evaporó tras la detención de Martínez y no ha sido localizada.
Dudas, errores y contradicciones
El defensor oficial José Boxler pidió la exclusión como prueba de la declaración que la víctima dio en Cámara Gesell porque no tuvo oportunidad de hacerle preguntas sobre lo que llamó “inconsistencias” y “errores” en su versión de los hechos.
El planteo pretende reeditar una discusión previa al juicio, a partir de que la representante de la adolescente en el proceso, Noelia Quiroga, señalara que la víctima no estaba en condiciones de volver a declarar y le pidiera al tribunal que la relevara de ello. En aquel momento, los jueces hicieron lugar para evitar la revictimización, siguiendo antecedentes de la propia Corte Suprema en el sentido de que no hay necesidad de volver a someter a interrogatorios a las víctimas de delitos sexuales. En lugar de ello, se dispuso emitir el video de la entrevista en Cámara Gesell.
Este miércoles, en su alegato, Boxler insistió en que no tuvo oportunidad de interrogar a la víctima y dijo que eso implicaba “una vulneración del derecho de defensa porque no había tenido la posibilidad de controlar la única prueba de cargo que existe en la causa”.
El defensor dijo que en el relato de la adolescente había “diez errores o contradicciones” en su relato “que debían ser examinados en el juicio”, por ejemplo, que un análisis toxicológico no encontró la presencia de droga ni medicamentos en el organismo de la joven; que tampoco se habían constatado “lesiones recientes” en la zona genital; también planteó dudas sobre el momento del secuestro, dijo que la joven habría manifestado a conocidos que tenía intenciones de abandonar el pueblo y que “hay una gran cantidad de testigos que hablan de que la joven (víctima) caminaba voluntariamente con la pareja” en Monte Quemado, en referencia a Martínez e Ibáñez, entre otras cuestiones.
En el final de su alegato, Boxler también cuestionó el monto de la pena que solicitó el fiscal y pidió que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal para este delito, de 10 años de prisión, por considerar que es “desproporcionada”.
