
“Resuelvo admitir los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, por la querella y por la defensa, con las limitaciones que se darán a conocer en el auto de apertura”, comenzó diciendo la jueza para aclarar que “de las limitaciones no hay nada que no se va admitir, sino que algunos se van a admitir acotados en cuanto a su valor o posibilidad de incorporación”. Así, la jueza resolvió remitir la causa por el crimen de la joven de 22 años a juicio oral y público. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) deberá fijar la fecha de la audiencia.
Aclaración. Barbagelata entendió necesario especificar a qué se refirió con la acotación al alcance de algunas pruebas. En este sentido sostuvo: “Aclaro, en relación a prueba ofrecida por la defensa, que es al sólo efecto de poder determinar alguna contradicción o que se vea reflejada en algún tema”. Paso seguido se refirió al pedido de estudio neurológico solicitado por la defensa para determinar si el imputado está en condiciones de ser sometido a un juicio, puesto que denunció haber sido sometido a supuestos apremios ilegales durante los primeros días de la investigación: “Se lo va a admitir, a cargo de la defensa porque es un elemento de prueba que solo lo ha reservado la defensa y porque no ha sido fundado en cuanto a que se refieren, concretamente, posibles causas de daño pero no ningún síntoma ni signo de efecto dañino; es entonces en función de eso y atento a que también se va admitir lo introducido por Fiscalía en relación a los exámenes psicológicos del informe del artículo 70º, que se lo va a admitir pero con esa aclaración”, detalló
La magistrada también especificó: “Aclaro a las partes que este acto de apertura va a ser remitido parcialmente al Tribunal de Juicio para que ninguna valoración realizada en esta etapa influya y así mantener la imparcialidad del Tribunal”. Según el nuevo ordenamiento que en materia penal rige en la provincia desde noviembre del año pasado, el Tribunal no tiene acceso a las pruebas que se producen durante la investigación y solo accede a aquellas durante el debate, lo que es considerado como una muestra de imparcialidad porque decide en función de lo que las partes producen en el juicio mediante testimonios y prueba documental y científica.
Peritos. En su dictamen, la jueza hizo lugar al pedido de la defensa para incorporar a peritos técnicos para que la asesores durante el juicio. Los profesionales no podrán participar del debate pero sí podrán asesorar a los defensores durante la audiencia cuando estos lo consideren necesario. En este sentido, la jueza dio por designados a Ángel Velazco y Carolina Alasia como “consultores técnicos de la defensa respecto de cuestiones técnicos criminalísticas según el artículo 38º del Código Procesal Penal”.
La jueza ordenó extender por la OGA a los defensores “una constancia” de su trabajo y sus facultades para que “puedan gestionar ante los organismos públicos y privados los medios de prueba instrumentales ofrecidos” por ellos. Durante la audiencia de remisión de la causa a juicio que se realizó el 24 de abril, la defensa cuestionó que ha tenido dificultades para acceder o solicitar las medidas probatorias que considera necesarias para ejercer una defensa ajustada a las prerrogativas que prescribe la Constitución Nacional y los pacto internacionales a los que adhirió Argentina.
AL MARGEN
Acusado. Facundo Bressan, de 20 años –detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal de la ciudad de Victoria–, llega a juicio como imputado del delito de homicidio agravado. Se lo acusa de asesinar a Priscila Hartman, de 22 años, previo a abusarla sexualmente. También se le atribuye haber planeado robarle la moto, la que habría ofrecido a la venta por $800, mientras concertaba encontrarse con ella la noche del viernes 24 de octubre. El cuerpo sin vida de la joven fue hallado según informes oficiales el domingo 26 de octubre en un descampado en inmediaciones de San Benito.
Fuente: Néstor Belini- EL DIARIO