“Necesitamos que se nos considere como trabajadoras para que se regule la actividad”, dijo la secretaria general de Entre Ríos de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Claudia Carranza. En principio, “la idea es empezar a debatir en la sociedad la necesidad de que se regule el trabajo sexual para tener la garantía de una obra social o de una jubilación” agregó.
En un desayuno con periodistas en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde Ammar enmarcaron su propuesta en la distinción que existe entre la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo sexual autónomo.
LA INICIATIVA. El proyecto presentado define al trabajo sexual “como la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y prestar servicios de índole sexual a cambio de un pago para beneficio propio”.
La iniciativa propone crear la Oficina Nacional de la Protección al Trabajo Sexual en el ámbito del Ministerio de Trabajo donde deberá desempeñarse personal oficial y delegados de organizaciones no estatales que representen a las trabajadoras sexuales. Serán funciones de esta entidad: asesorar a los poderes ejecutivos; procurar el acceso a asesorías médicas y jurídicas gratuitas; promover la coordinación y armonización de normas; otorgar la habilitación para el ejercicio del trabajo sexual; habilitar delegaciones en las distintas provincias; arbitrar los medios para la incorporación de quienes ejercen el trabajo sexual al régimen de jubilaciones y pensiones; y gestionar el acceso a becas de educación primaria, secundaria, terciaria o universitaria.
También estipula condiciones para desempeñarse como trabajador o trabajadora sexual. Entre otras, requiere ser mayor de edad, contar con un certificado de aptitud psicofísica (otorgado por un profesional especializado capaz de efectuar un diagnóstico presuntivo respecto de la libre manifestación de voluntad de quien solicite la habilitación) y un certificado técnico (que se otorgará luego de la asistencia a un curso de capacitación).
Según manifestaron desde Ammar, el proyecto busca consagrar derechos como el ejercicio libre del trabajo, condiciones dignas de labor, retribución justa, organización sindical y seguridad social.
PROYECTOS PROVINCIALES. Ayer se reunió la Comisión de Legislación General del Senado de Entre Ríos para continuar trabajando sobre el proyecto de ley, autoría de Eduardo Melchiori (PJ – Islas), que apunta a prohibir en el territorio provincial la instalación y funcionamiento de prostíbulos, lo que se considera una medida efectiva para combatir el delito de trata de personas.
Por su parte, la diputada Emma Bargagna presentó otro proyecto al respecto en la Cámara Baja. La iniciativa fue impulsada desde la Asociación Civil Red de Alerta.
En relación a esto, Carranza sostuvo que desde Ammar “queremos debatir los proyectos que están articulando sobre las trabajadoras sexuales. Necesitamos que se nos convoque porque somos las que conocemos. Somos las primeras que trabajamos el tema. No por nada tenemos muertas como Sandra Cabrera en Rosario, que denunció la trata hace ocho años”.
EN PARANÁ. En cuanto al cierre de prostíbulos en Paraná llevado a cabo desde la Municipalidad, Carranza manifestó que “las intenciones no han sido malas. Los operativos fueron contra la habilitación de estos lugares y contra la trata. Lo que queremos conocer son los listados de la gente que estaba involucrada en la explotación sexual. Sabemos también que no todos los prostíbulos están cerrados y no conocemos dónde están las compañeras. Ahora, de lo que tenemos que empezar a hablar es de las condiciones del trabajo sin explotación y sin trata”.
SIGNIFICADOS. En torno al ejercicio de la prostitución existe un debate terminológico y conceptual. Desde Ammar se refieren a la actividad como ‘trabajo sexual’. Desde ese ámbito eligieron esos términos “como resultado de una larga batalla ideológica y política que, en el marco del respeto por la libre determinación de las mujeres que estamos involucradas, reemplazó el término ‘prostitución’”. A esto agregan que “eliminar la palabra “prostituta” nos permite ubicarnos como personas, sujetos de derecho, más allá del trabajo que realizamos”.
Desde otras posturas vinculadas a los movimientos feministas hablan de mujeres en “situación de prostitución”.
EL DATO
88,7% de las trabajadoras sexuales carecen de cobertura de salud, el 92,5% son el principal sostén económico del hogar, el 86% tienen hijos y el 62,3% no terminaron la escuela primaria o no empezaron la secundaria, según datos de Ammar.
Fuente: El Diario.
