Luego de la feroz represión de la Policía Metropolitana contra médicos, internos, manifestantes y legisladores que se oponen a la construcción del Centro Cívico en terrenos del hospital Borda, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad le prohibió al Gobierno porteño hacer modificaciones o instalar estructuras del futuro edificio administrativo en el predio
Además, multó con 20 mil pesos al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y a otros dos funcionarios porque desobedecieron la medida cautelar aún vigente, que prohibía el inicio de obras, y empezaron los trabajos sin esperar la resolución final del Tribunal.
En su interpelación de ayer en la Legislatura, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, afirmó: «No voy a renunciar porque todo lo que hizo la Metropolitana estuvo de acuerdo a con lo que hasta ese momento había ordenado la Justicia. No estábamos ante una situación de usurpación ni de desalojo. No necesitábamos orden judicial». En ese sentido, citó un fallo del 19 de febrero de la jueza de primera instancia Andrea Danas, que dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba la obra, confirmada por la Cámara el 28 de diciembre.
A fines del año pasado se presentaron dos amparos contra la construcción del Centro Cívico en el Borda. Uno fue impulsado por Marcelo «Nono» Frondizi, secretario general de la junta interna de delegados de Talleres Protegidos de Rehabilitación, y por Ernesto Balbiano, delegado de ATE. El otro fue encabezado por los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular. El primero recibió una cautelar favorable, que suspendió el decreto 121/12 del Ejecutivo que aprobaba los pliegos de condiciones para la licitación para construir el centro cívico.
El 28 de diciembre, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso unificó los dos amparos y suspendió el decreto hasta que dictase la sentencia definitiva o se cumplieran una serie de recaudos procedimentales, como la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental y la realización de un estudio de impacto ambiental. La causa volvió a primera instancia.
Luego, el 19 de febrero la jueza Danas dictó un fallo que dio por cumplidos esos recaudos y levantó la cautelar que suspendía el decreto 121/12 y frenaba la obra. Aunque los impulsores de los amparos apelaron, el Gobierno porteño se aferró a ese fallo, después de un informe favorable del procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, ordenó el inicio de la obra el viernes con la protección de la Metropolitana.
Luego del violento operativo de la Metropolitana, tanto Frondizi como Naddeo e Ibarra hicieron presentaciones ante la Cámara para frenar la obra. La Sala II les dio la razón en una resolución dictada a las 20 del mismo viernes, que recordó que el fallo de Danas fue apelado y que el Gobierno porteño contravino la decisión que la propia Cámara tomó el 28 de diciembre, cuando ordenó la suspensión de los pliegos de licitación. Además, entendió que el levantamiento de esa cautela no se encuentra firme, por lo que el Ejecutivo no podía avanzar con la obra. Además, resolvió reiterar la suspensión del decreto 121/12.
Además, en un segundo fallo, la Sala II multó a funcionarios del Gobierno porteño por violar «las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe» y consideró que no lo hizo por negligencia, sino que procedió con «una verdadera intención» de desconocer las decisiones de la Cámara. Por este motivo les impuso una multa de 20 mil pesos a Macri, Chaín y Conte Grand.
