Durante las tareas de verificación, las y los funcionarios aduaneros pertenecientes a la División Comprobación de Destino detectaron irregularidades e inconsistencias en la maniobra descripta y, en consecuencia, efectuaron la correspondiente denuncia penal.
En ese contexto, el Juzgado interventor ordenó realizar la pesquisa. A partir de ello, las y los trabajadores de la PFA iniciaron las investigaciones criminales, cuya complejidad implicó el cruce de diferentes fuentes de información, y lograron corroborar las sospechas vertidas por el personal de Aduana. De esta manera, se comprobó que las dos personas que se acogían a las resoluciones de DGA, específicamente las concernientes al régimen de mudanza, carecían de residencia permanente en Argentina. Además, los vehículos eran utilizados por terceras personas, contraviniendo lo normado por las resoluciones pertinentes. El trabajo de investigación –uno de los ejes que Frederic ha fortalecido como tarea primordial de la PFA- posibilitó, así, descubrir el modus operandi y los alcances de la organización delictiva.
En el operativo también se incautaron comprobantes de operaciones de compra venta, declaraciones juradas y facturas de compras de cada vehículo en España, fotocopias de pasaportes españoles y talonarios para facturación, libros de Certificación de Firmas, formularios específicos para este tipo de operaciones, comprobantes y documentación de la AFIP DGA firmadas por uno de los involucrados que, en principio, obran como probatorios del delito en cuestión.
