Noticias - Toda la Provincia a Toda Hora

El acusado por las jeringas dice que es una causa armada

 

 

 

 

 

 

 

 

El secretario de Salud concordiense, Mario Imaz, presentó hace una semana una demanda penal contra Ormazábal, caratulada Imaz Mario H (Secretario de Salud y Medio Ambiente). Su denuncia. Legajo Nº 289.612”, que lleva adelante la fiscal Mariana Elías. Al bioquímico, que es profesional de planta de la Dirección de Especialidades Médicas, se lo acusa de haber utilizado una misma aguja para realizar extracciones de sangre a distintos pacientes.
La denunciante es su jefa directa, Alicia Facendini, con quien Ormazábal dice arrastrar un enfrentamiento, personal y político, desde 2006, cuando ya se lo intentó despedir; aquella vez pudo volver a su puesto. La acusación de Facendini fue avalada por su superior directo, el director de Especialidades Médicas, Joaquín Llane, y después por Imaz. Pero el caso tuvo un giro cuando un abogado, Oscar Bacigaluppe, asumió la representación legal de los supuestos afectados por el accionar del bioquímico.
Los hechos habrían ocurrido el lunes 7, y de acuerdo a la denuncia penal, serían cuatro las personas que fueron tratadas con la misma aguja, por lo cual en forma inmediata se les aplicó el protocolo que rige en caso de accidentes para evitar infecciones. En este caso, la misma medicación que recibe una persona portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Interés económico. Ormazábal, suspendido por 45 días en su puesto en el Estado por decisión del intendente Gustavo Bordet, tiene, además de 30 años de experiencia bioquímica, varios años como militante justicialista: fue concejal en Concordia entre 1987 y 1991, y durante la segunda administración como gobernador de Jorge Busti, en 1995, accedió al cargo de director de Bromatología y Medio Ambiente de la provincia. Ahora, se declara “kirchnerista desde el primer día”.
Por eso, no niega que existen causas políticas y personales que llevaron a hacer pública una denuncia de ese tenor en su contra. “Facendini ya me había expulsado en 2006, cuando ella era directora de la Asistencia Pública. Esa vez, yo moví influencias políticas, y volví a mi puesto de trabajo. Pero el enfrentamiento siguió, y ahora decidió ir más lejos, y se armó esta causa penal, y lo hizo asesorada por un abogado”, dijo, en diálogo con EL DIARIO.
“Ella (Facendini) planta toda esta situación, con testigos falsos, o supuestos testigos, para comprobar que yo hice esta cosa. No hay dudas que esto es parte de un enfrentamiento político y personal, pero también hay un trasfondo económico. Hay un abogado que va a demandar a la Municipalidad, y en esto hay mucho dinero en juego”, aseguró.
Y dice que de lo que se trata, en definitiva, es de obtener algún rédito económico con la denuncia penal que está en marcha.
–¿Usted vio la película Carancho? –preguntó el bioquímico, en referencia al film de Pablo Trapero que relata la mafia de las indemnizaciones con las víctimas de los accidentes de tránsito–.
–Sí.
–Bueno, esto es así, más o menos. Quieren sacarle plata a la Municipalidad, y por eso arman esta causa. Es imposible que haya ocurrido lo que dicen que ocurrió. Tengo que ser muy torpe, bruto o ignorante para proceder como dicen que lo hice. Es imposible que yo haya usado una misma aguja para tres o cuatro pacientes. Pero acá lo que importa es la parte económica. El abogado que está representando a los supuestos testigos cada vez abre más el bolsillo.
Ormazábal dice que está furioso con la forma cómo se manejó el caso, la ventilación pública que hubo y lo que se ha dicho alrededor. “Ahora dicen que me van a sacar el título de bioquímico: todas mentiras. Primero se tiene que comprobar que hice lo que dicen que hice. Esto es nada más que una operación política, y ahora una operación mediática. Yo no tengo nada que ocultar. Que investiguen, y que prueben lo que dicen.

El abogado descree de todo

El letrado Bruno Laquidara, representante legal de Abel Ormazábal, dice que no hay ningún sustento para sostener la denuncia penal en contra del bioquímico concordiense. “Esto me parece que es parte del folclore de las oficinas públicas. Es una lucha interna, celos profesionales, situaciones así que nunca debieron adquirir esta dimensión. No debió pasar de una simple rencilla”, apunta el letrado.
Para Laquidara, “el relato de los hechos da cuenta de algo muy loco, de algo que no tiene lógica. Si es tal como lo plantean, que este hecho que se denuncia es una reiteración de hechos que han pasado antes, no se entiende por qué los superiores no lo denunciaron antes”, deslizó. “Me huele a algo armado todo esto. He intervenido en casos de mala praxis en los hospitales, y por eso no se hacen denuncias penales. No se puede crear un clima de pánico en la gente, cuando en realidad no hay nada de lo que se dice”, indicó.

Fuente: El Diario