Es una verdad de perogrullo que el Estado no es el gobierno, pero no es menos cierto que la administración del Estado sí la ejercen los gobiernos y, en tal sentido, las políticas que la representación estatal ejerza van a ir en la dirección ideológica de quien, en determinado momento, esté al frente de esa representación.
Hay una idea que el Estado Liberal deja librado todo o casi todo a las fuerzas del mercado y que él mismo no realiza regulaciones, sino precisamente, son la oferta y la demanda las que, en definitiva, van definiendo los designios de una sociedad que se irá nivelando asimismo, conjuntamente, con la superación individual transformada en “sana competencia”.
Ello ha traído como consecuencia errores conceptuales, como ser el Estado Liberal es “Neutral” o aquel concepto que, inclusive, se utiliza para hacerle imputaciones y que se da a conocer como la “retirada” del Estado.
Nada más lejos de ello, ni el Estado Liberal es neutral, ni se retira, por el contrario interviene e interviene fuertemente.
La experiencia Argentina demuestra a las claras y sin cortapisas esta cuestión.
Lo singular de todo ello es que la mayor regulación del estado liberal se da en dos campos fundamentales para la concepción de una sociedad y, donde paradójicamente, “dice” no intervenir. Estos son: los campos de la economía y el trabajo (o sea en el Capital y el Trabajo).
«El ejercicio del Poder del Estado en clave liberal no se retira, ni es neutral, interviene e interviene fuertemente a favor del Capital Concentrado, Financiero y Multinacional, apuntando indirecta pero, efectivamente, contra el poder sindical y de los trabajadores.»
Haciendo un somero racconto veremos que, a partir de 1989, cuando se profundiza el ideario político liberal en la práctica política argentina reciente, el Estado produjo las siguientes medidas y acciones:
• Sanción de las ley de Reforma del Estado y Emergencia Económica, estas fueron las piedras angulares de todas las privatizaciones que vinieron, posteriormente, cuyas consecuencias fueron la desnacionalización de las empresas estratégicas del Estado a manos privadas o estatales extranjeras, pero también de la expulsión de centenares de miles de trabajadores de la estructura laboral.
• Sanción de la ley 24.013 –la mal llamada Ley de Empleo– que introdujo los contratos “promocionados”, comúnmente llamados en la jerga laboral “contratos basura”.
• Dictado del Decreto 1772/91 con el que se permitía que los buques de bandera argentina dejaran el registro para optar por otros registros como los panameños y liberianos en términos de eludir toda normativa laboral según la bandera del nuevo registro.
• Dictado del Decreto 817/92 que dejo sin efectos los convenios colectivos de trabajo para la actividad marítima; portuaria y fluvial.
• Privatización del Régimen de Jubilación con el dictado de la ley 24.241.
• Privatización de los accidentes de trabajo y flexibilización de los mismos en términos de prevención y reparación con topes incumplibles mediante la ley 24.557.
• Eliminación de las normas convencionales para que las empresas que entraran en concurso preventivo.
• Desfinanciación de la Seguridad Social mediante la reducción de aportes patronales.
• Reducciones salariales, entre muchísimas otras de índole laboral.
Todas estas medidas dirigidas al mundo del trabajo fueron para flexibilizar, precarizar y degradar el empleo y maximizar las ganancias de las empresas del poder económico concentrado en un contexto donde el mercado interno se restringía y la desocupación avanzaba sin cesar año a año.
Obviamente, el poder de los trabajadores quedaba reducido, porque la capacidad de movilización colectiva era, claramente, disciplinada por las medidas enunciadas.
«Por supuesto que hay otra intervención, no neutral y a favor de los trabajadores, de los excluidos que, asimismo, recrea al movimiento obrero como parte fundamental de la política.»
Como se puede avizorar el ejercicio del Poder del Estado en clave liberal no se retira, ni es neutral, interviene e interviene fuertemente a favor del Capital Concentrado, Financiero y Multinacional, apuntando indirecta pero, efectivamente, contra el poder sindical y de los trabajadores.
Por supuesto que hay otra intervención, no neutral y a favor de los trabajadores, de los excluidos que, asimismo, recrea al movimiento obrero como parte fundamental de la política.
Cuando las medidas van dirigidas a eliminar los contratos basura; a imponer aumentos por decreto para posteriormente restablecer la negociación colectiva; a incentivar el mercado interno; a incluir políticas activas para dinamizar el trabajo productivo no especulativo; a combatir –con sus más y sus menos– el trabajo ilegal; a generar leyes y programas que implican, conceptualmente, la creación de nuevos puestos de trabajo como la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual; como el programa de promoción del Software y de sustitución de importaciones; como la nacionalización de empresas estratégicas para realizar mayores inversiones o el programa de nuevas redes ferroviarias con material argentino.
Cuando ello ocurre estamos en presencia de un Estado distinto al Estado Liberal: estamos en presencia de un Estado que quiere fortalecer la capacidad productiva de un país en clave nacional, teniendo como eje principal a los trabajadores, logrando refortalecer a un movimiento obrero organizado que ha sido y es el más potente de Latinoamérica.
La visión coyuntural del sindicalismo argentino puede y, hasta inclusive debe tener diferencias, respecto de ciertas visiones del Estado puesto que defiende intereses de clases. Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos repasados, lo que no puede tener este movimiento obrero es una diferente visión estratégica respecto de la misión del Estado.
Fuente: Carlos Marin, para TELAM