La fragmentación, la interna feroz y la falta de una jefatura no son los únicos elementos críticos que inquietan al peronismo fuera del poder a la hora de pronosticar, a algo más de un año del cierre de listas para 2017, cómo será el primer ensayo electoral posderrota.
Tanto en el PJ territorial como entre los grupos K, al menú de conflictos políticos le suman otro factor turbulento: la certeza de que la campaña del año próximo estará cruzada por denuncias, desfiles por tribunales o, incluso, detenciones de figuras relevantes.
Las causas contra Cristina de Kirchner y Julio De Vido, otras que alcanzan a Máximo Kirchner, la prisión deRicardo Jaime, y los procesamientos que pesan sobre Amado Boudou y Aníbal Fernández son el insumo para el temor de los peronistas de enfrentar, en 2017, una campaña en la que el tema judicial esté en la primera línea de fuego.
El regreso de la expresidente, precipitado por la citación de Claudio Bonadio, fue la muestra de cómo ese fenómeno incide sobre la hoja de ruta del peronismo. El jueves pasado, en Concordia, cuando intendentes peronistas se pusieron a redactar un documento político, ese factor saltó a la vista.
Un alcalde bonaerense pidió que se incluya un respaldo a Cristina de Kirchner y pidió que se hable de persecución judicial. «Si la ponemos a Cristina, también tenemos que mencionar a Julio», agregó otro intendente en referencia a De Vido, para muchos el único enlace que les quedó con el último Gobierno K.
«Acá también pasa: agreguemos al Pato que le están sacudiendo», dijo un dirigente de Entre Ríos sobre Sergio Urribarri y la lista pudo ampliarse a otros como Eduardo Fellner, exgobernador de Jujuy.
La solución, en medio de una discusión intensa, fue que no se incluya ningún nombre, se condene el uso de la función pública para beneficio personal, pero, a la vez, se cuestione la existencia de un sistemático acoso judicial contra dirigentes del peronismo.
La referencia que quedó en ese documento sintetiza lo que ronda en todos los planos del peronismo. «Y eso que todavía no fueron contra exgobernadores ni contra exintendentes: si eso ocurre, puede ser peor», señaló un peronista que se mueve cerca del Instituto Patria. La frase esconde el temor real: que las denuncias que, por ahora, se centraron en empresarios cercanos al kirchnerismo y en un puñado de funcionarios de primera línea se expandan, con los meses, hacia otras figuras locales y provinciales.
Crisis
«Sabemos que para tapar el ajuste y la crisis van a hacer un show judicial y van a venir por nosotros», dicen desde el entorno de De Vido que, semanas atrás, mandó un mensaje contaminado: bajo el fuego de las obras que quedaron a cargo de empresas de Lázaro Báez, apuntó sobre la relación comercial entre ese empresario yAngelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
En el PJ de la calle Matheu el tema circula con un tono menos épico. La ráfaga judicial que involucra, en persona, a la expresidente se convierte en un asunto inevitable y que los fuerza, cada tanto, a hacer eso que les resulta incómodo: tomar posición.
«¿Y si en mayo del año que viene ocurre, como con Menem, y vamos a la elección con Cristina presa?»,aventura un hombre del partido. Le pone, en verdad, palabras a un temor que está presente. Un exministro K admite esa posibilidad aunque considera que las causas contra la expresidente son «un invento» y alerta que si esa es una decisión política de la Casa Rosada, «nunca se sabe cómo termina».
Carlos Menem fue detenido en junio de 2001 y pasó en prisión los comicios de octubre de ese año. Pero aquel episodio no le reportó beneficios electorales al Gobierno de Fernando de la Rúa: perdió en las principales provincias, entre ellas Buenos Aires, donde Eduardo Duhalde derrotó a Raúl Alfonsín.
Menem pasó 167 días preso y fue liberado el 20 noviembre, un mes antes de la crisis política y social que forzó la renuncia de De la Rúa. Tampoco, en aquel turno, el menemismo tuvo buena cosecha en las urnas: su candidato más visible se presentó en Capital aliado a cavallismo y quedó tercero. Fue Daniel Scioli.
El expediente más inquietante desde lo político es, por supuesto, lo que ocurra con Cristina de Kirchner. Los intendentes del conurbano que se ven con Florencio Randazzo ponen en su mesa de arena el tema judicial porque una novedad judicial con la expresidente obligaría al exministro de Interior a tener que tomar una postura pública.
Lo mismo puede ocurrir con Scioli. El Gobierno de María Eugenia Vidal habilitó denuncias en áreas sensibles como IOMA, pero en el PRO hay sectores que pretenden que se promuevan investigaciones. El manejo del Bapro es uno de los asuntos que está bajo escrutinio del vidalismo aunque se impone una urgencia de otro orden: cualquier denuncia que ponga en duda la solidez del banco es de altísimo riesgo.
