Se realizó este martes la primera sesión ordinaria del Senado. Entre otros temas, ingresó una comunicación desde el Instituto Portuario Provincial para que el cuerpo nomine a dos de sus miembros para ser parte de del directorio del ente. Ante esa solicitud el presidente del Frente para la Victoria, Ángel Giano, propuso Daniel Olano y Aldo Ballestena.
Ante la propuesta de Giano, el senador Raymundo Kisser sostuvo que uno de los representantes debe ser de Cambiemos, para lo que propusieron al senador Roque Ferrari. El presidente ordenó la votación ante la existencia de dos mociones. Se produjo un empate. Fue entonces que el senador Aldo Ballestena, en la presidencia, votó a favor de la propuesta del Frente para la Victoria.
Pedidos de Acuerdo
El cuerpo recibió los pedidos de Acuerdo Constitucional en los que se propone a Mercedes Solanas para ser titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y para ser vicepresidenta de ese organismo se propuso a Liliana Mara Franchessi.
El gobernador también remitió, y como los anteriores fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el pedido de Acuerdo para José Luis Panozzo, al frente del Consejo General de Educación.
Piden esclarecimiento
Por otro lado, los presidentes de los bloques de la Cámara de Senadores, Angel Ghiano del FPV y Raymundo Kisser de Cambiemos presentaron y se aprobó por unanimidad de los presentes, una declaración por medio de la que manifiestan “su preocupación y repudio” al suceso acontecido en el estudio jurídico de los doctores Jaime Martínez Garbino, Iván Vernengo y Rubén Pagliotto el pasado 22 de febrero, en la capital entrerriana. El texto será girado a la titular del Superior Tribunal de Justicia.
Además en el texto se expresan a favor de “un pronto esclarecimiento del hecho suscitado, en el marco de absoluto respeto a las instituciones democráticas”, a la independencia de los poderes del Estado y a los organismos judiciales, cuya labor se encuentra en etapa de proceso y ejecución (habiéndose producido ya algunas cuestiones preliminares en sede fiscal).
En el texto se promueve la absoluta sujeción a las instituciones que deben intervenir de acuerdo a la normativa constitucional vigente, al tiempo que manifiesta la absoluta sujeción a las instituciones previstas en las normas constitucionales, declarando su máximo respeto a la labor policial y judicial.
En el fundamento que acompaña el proyecto se sostiene que “ante el hecho denunciado y de público conocimiento relacionado con los abogados Jaime Martínez Garbino, Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, ocurrido en el estudio de los mismos sito en calle Laprida 420 de la ciudad de Paraná, se amerita declarar la preocupación de este Cuerpo por dichos sucesos e instar la inmediata resolución y esclarecimiento de los mismos”.
Argumenta que en ese orden y en el marco de respeto por las instituciones establecidas en la Constitución -las cuales están funcionando con la premura y la responsabilidad que el caso requiere-, resulta necesario dar a conocer “el profundo convencimiento de los procesos judiciales pertinentes, máxime que los mismos se encuentran en plena etapa investigativa, dónde desde la primera instancia intervino la justicia y la policía actuó con el profesionalismo pertinente”.
Añade que en tales instancias ya se han evaluado preliminarmente las primeras periciales del caso, siendo la palabra del Sr. Fiscal Gervasio Labriola una de las primeras manifestaciones del Poder Judicial, apenas excitada la acción y promovidas las instancias probatorias a través de los órganos técnicos probos y habituales con que opera el Poder Judicial.
La declaración conjunta rechaza el prejuzgamiento y la utilización política de sucesos no esclarecidos o en vías de esclarecimiento, indicando que ese tipo de acciones no son parte de una sana práctica. Afirma que la mera condena por sospechas infundadas o el vulgar manto de dubitaciones al accionar de las instituciones, no coadyuvan al mejoramiento institucional que se pregona en tono de reclamo, ni suma a la convivencia democrática que el pueblo entrerriano merece.
Con base en estas afirmaciones el legislador insta “a los abogados denunciantes, a los legisladores de la oposición y a las personalidades del arco institucional y político, que expresaron públicamente su posición apenas conocido el hecho sin esperar ningún pronunciamiento judicial, que respeten y esperen el accionar de estas instituciones”.
