Para las 8.30 de ayer estaban citados a declarar, pero se abstuvieron. Inmediatamente, el juez de Instrucción Nº 7, Elvio Garzón, citó a una audiencia para las 12. En ese momento se trataría la excarcelación solicitada por los defensores de los integrantes de la firma Waigel investigados por el presunto delito de quiebra fraudulenta.
Artemio Waigel; su esposa, María del Carmen Schroeder; su cuñada Rosa Inés Butazzoni (viuda de Fermín Waigel); el hijo de Artemio Waigel que lleva su mismo nombre; Juan Pablo Waigel; Andrea Karina Waigel; Miguel Waigel, Maricel Alejandra Waigel, y Nancy del Carmen Waigel, seguirán en presión hasta tanto no paguen una caución real o juratoria de $100.000 cada uno impuesta por el magistrado.
La medida también prescribe la imposibilidad de salir del país hasta tanto finalice la causa y, en caso de migrar de la provincia, tendrán que comunicarlo a la Justicia, explicó ante EL DIARIO el fiscal Ignacio Aramberri.
Desde el lunes las mujeres fueron alojadas en las celdas de la Alcaidía de Tribunales, salvo una de ellas, que fue destinada a la División Minoridad. Los hombres fueron alojados en la Comisaría 5ª donde suelen ser llevados los contraventores y detenidos por delitos menores.
A partir de hoy Garzón tendrá 10 días para definir la situación de los detenidos en la causa; es decir si los procesa o los desliga, siempre y cuando la defensa no pida una ampliación de indagatoria. “Estamos analizando la situación, cuando conozcamos el expediente decidiremos qué hacer”, dijo a EL DIARIO uno de los abogados defensores, Jorge Sueldo.
Detención. El fiscal Aramberri dio a conocer los motivos por los cuales se decidió detener a los integrantes del grupo empresarial, sospechados de haber vaciado la firma. Señaló que la medida se pidió “en función de la magnitud del hecho que se imputa y la cantidad de personas que han intervenido realizando sus aportes al hecho como cómplices o autores”, sostuvo.
Las primeras disposiciones que se dieron en el caso fueron el lunes por la mañana, cuando se ordenaron las detenciones y se allanaron cinco escribanías en donde se procedió a incautar escrituras y títulos de propiedad. Esos procedimientos se llevaron adelante en Paraná y Crespo, donde se radica la empresa. También se realizaron medidas en domicilios particulares.
Para los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre está prevista una subasta, sin base, al contado y al mejor postor de los bienes muebles que quedaron de la firma que la Justicia determinó que está quebrada. Sobre los remates, el fiscal aclaró que “esta causa tiene un contenido penal y está desvinculada de lo civil, aunque tenga esta derivación”.
Las maniobras
La denuncia que dio inicio a la causa no fueron los damnificados –que suman más de 1.500–, sino la Sindicatura que intervino en el proceso de quiebra. Lo que se investiga es el manejo de más de 300 millones de pesos. Cuando se habla de cifras, las mismas no coinciden entre los consultados. Lo que se trata de establecer son las supuestas maniobras irregulares que sirvieron para insolventar la sociedad anónima y perjudicar a los ahorristas y acreedores de la firma que, además de comercializar materiales para la construcción, desarrollaba actividades financieras. El delito de quiebra fraudulenta remite al que sanciona la estafa que, en este caso, tiene una pena máxima de seis años de prisión. En el marco de la causa por quiebra de la empresa Miguel Waigel y Cía. SA, los acreedores habían vuelto a solicitar un pedido de extensión del proceso judicial al resto de las firmas comerciales cuyos directivos son coincidentes con el directorio de la empresa madre.
Fuente: El Diario.
