Por ese lapso, «el sistema va a estar bajo control estatal, en cabeza de la Administración General de Puertos (AGP)», señaló el ministro, quien agregó que «el objetivo de esta licitación corta es darnos tiempo suficiente para la confección de la licitación larga (que se materializará en un segundo decreto), que es la que incluiría las nuevas obras que plantea el sistema Hidrovía, por ejemplo las que piden los gobernadores» de las provincias costeras de este sistema fluvial.
Anunció, además, que en este período de doce meses «ya comienza a funcionar el cobro del canon del Estado por parte del AGP y a través de la cuenta derivadora a la que ingresan, se le paga a las adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento por las tareas realizadas». Es decir, el sector privado deja de cobrar directamente a las empresas exportadoras el «peaje» o canon por el uso del río.
El decreto aludido se publicaría en los próximos días, probablemente esta misma semana, teniendo en cuenta que actualmente el control de la Hidrovía sigue en manos del mismo consorcio concesionario al que se le adjudicó en 1995, a partir de la prórroga del contrato por 90 días otorgada al momento de su vencimiento, que operó el pasado 30 de abril.
Al computarse sólo los días hábiles, la prórroga se prolongaría hasta los primeros días de septiembre. Pero como la intención es no volver a prorrogarlo, para esa fecha ya tendría que estar decidida la adjudicación del «contrato corto» de doce meses para el mantenimiento, exclusivamente, del servicio de dragado y balizamiento.
La actual concesión está en manos del consorcio que conforman la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa, de Gabriel Romero. Se sabe que la intención de la belga es continuar prestando el servicio de dragado, aunque también trascendieron las diferencias «insalvables» que mantiene con su socio, Emepa, por lo cual es más que probable que no se vuelvan a presentar juntos. Esta última es la encargada del balizamiento del río, una tarea que no requiere de tecnología internacional para su realización.
Además, ya manifestaron su interés en participar de la licitación al menos dos empresas holandesas (Boskalis y Van Oord), otra de origen chino Shangai Dredging) y una más belga (Deme Group). Lo que aún no está claro que si estas firmas se presentarían ya a la primera licitación «corta» o se reservarían para la oferta de la licitación «larga» que, según estiman en Transporte, podría concretarse en la segunda mitad de 2022 para ser adjudicada antes de fin de ese año.
Ente de control
Para cuando finalice esta contratación corta, de un año, «ya tendremos un ente nacional de control de la Hidrovía funcionando, que seguramente va a ser el encargado de la licitación grande», comentó Guerrera durante una entrevista con la FM 107.3 de CABA. Esa futura licitación, que adjudicará las tareas de obras y mantenimiento de un período que probablemente no baje de dos décadas, «ya va a contener las nuevas obras de mayor profundidad del dragado, el acceso a los puertos públicos, y demás, convirtiendo al nuevo ente de control de la Hidrovía prácticamente en una secretaría o ministerio que se dedique exclusivamente a tener presencia en la red troncal fluvial que es una arteria fundamental para la producción y el desarrollo de la Argentina».
Durante la vigencia de la anterior contratación, adjudicada en 1995, «el Estado ni siquiera materializó este ente de control que preveían los pliegos originales», cuestionó el ministro. «Lo que va a suceder a partir de esa nueva licitación, que va a llegar a su adjudicación probablemente en un año y medio, es una presencia fuerte del Estado Nacional y una participación activa de las provincias que también están involucradas en estas vías navegables».
