La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) renovaron el pedido de justicia por Gabriel Gusman, el joven muerto por un disparo en la nuca efectuado por personal de la Policía de Entre Ríos durante un procedimiento en el barrio Capibá hace dos años.
Además, cuestionaron la decisión de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes ordenaron el archivo provisorio de la causa.
“A dos años de este caso de gatillo fácil, los responsables de acusar por el crimen resolvieron desandar el camino de justicia y dejar nuevamente detenida la posibilidad de juzgar a los responsables del homicidio”, señalaron.
Además remarcaron: “La política criminal del Ministerio Público Fiscal nos ha ido demostrando que no quiere sancionar a los funcionarios policiales Rodrigo Molina y Diego Íbalo”, los dos agentes que actuaron durante el tiroteo ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, de Paraná.
“Después de dos años de inacción, la Fiscalía decidió por la impunidad, sin siquiera tomar declaración a los imputados y sin tener en cuenta los testimonios que hablaron de gatillo fácil, ni las irregularidades cometidas por la Policía en los momentos posteriores al hecho, y con argumentos que reeditan la Doctrina Chocobar”, cuestionaron.
· Documento
A continuación se reproduce el documento completo de los organismos:
“LOS ORGANISMOS DE DDHH RENOVAMOS EL PEDIDO DE JUSTICIA POR GABRIEL GUSMÁN
Para los organismos de derechos humanos de Entre Ríos hoy es un día de mucha tristeza. Recibimos la noticia de que los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano decidieron el archivo provisorio de la causa Gusmán.
A dos años de este caso de gatillo fácil, los responsables de acusar por el crimen resolvieron desandar el camino de justicia y dejar nuevamente detenida la posibilidad de juzgar a los responsables del homicidio de Gabriel Nicolás Gusmán.
En estos largos dos años transcurridos desde el asesinato ocurrido en el barrio Capibá de Paraná, la política criminal del Ministerio Público Fiscal nos ha ido demostrando que no quiere sancionar a los funcionarios policiales Rodrigo Molina y Diego Íbalo, quienes optaron por la peor de las violencias: la eliminación del conflicto a través de la eliminación del otro.
Sabemos que el castigo a responsables de este tipo de delitos funciona como resorte desarticulador de futuras acciones en el mismo sentido, y esta resolución, por el contrario, no sólo garantiza la posibilidad de impunidad sino que fomenta las prácticas violatorias de los derechos humanos en las fuerzas.
Desconocemos la existencia de causas de violencia institucional en las que esta fiscalía procese y lleve a juicio a los funcionarios involucrados. Como Red de Organismos de DDHH hace más de dos meses que hemos solicitado esa información, sin que al día de hoy tengamos respuesta.
Lamentamos que desde el MPF se siga profundizando la posición de criminalizar al joven pobre. En momentos donde gobernaba el macrismo, en el que día a día el conflicto social y la pobreza iban en aumento, el gobierno provincial y la Policía de Entre Ríos eligieron el disparo en la nuca y por la espalda. Ese 25 de septiembre de 2018, el barrio Capibá y Paraná quedaron inertes ante la muerte de Gabi. ¿El conflicto social en Capibá y otros barrios se terminó? Es la pregunta que siempre nos hacemos y tenemos la certeza de que el Estado no puede responder de esa forma.
Los argumentos de la resolución que archiva la causa son un compendio de justificativos del accionar policial: la adrenalina, la distancia, la falta de preparación y recursos para capacitación de las fuerzas y hasta el azar se mencionan como razones supuestamente exculpatorias del asesinato por la espalda con balas policiales.
Después de dos años de inacción, la Fiscalía decidió por la impunidad, sin siquiera tomar declaración a los imputados y sin tener en cuenta los testimonios que hablaron de gatillo fácil, ni las irregularidades cometidas por la Policía en los momentos posteriores al hecho, y con argumentos que reeditan la Doctrina Chocobar: para los fiscales, los funcionarios Íbalo y Molina no tenían otra forma de actuar en un conflicto en un barrio popular diferente a la bala en la nuca.
Hoy nos sentimos huérfanos de justicia. Pero seguiremos adelante, acompañando a la familia en este reclamo, para que nunca más un gurí entrerriano muera por la bala que el pueblo pone en manos de la Policía.
JUSTICIA POR GABRIEL GUSMÁN”.
(APFDigital)
