La iniciativa es del diputado provincial socialista, Lisandro Viale, que se postula para la gobernación. “Nos vamos a contactar con todos los precandidatos a gobernador de la provincia para que respalden esta iniciativa y expresen su compromiso a debatir”, adelantó Viale.
El socialista explicó que el proyecto pretende “consagrar la práctica del debate público obligatorio entre todos los candidatos a ocupar el cargo de gobernador, antes de las PASO, y luego, entre quienes resulten oficializados, antes de la elección general”.
La inicia dispone que los candidatos, a través de las autoridades de sus partidos o agrupaciones políticas, acordarán la agenda de temas sobre las que versará el debate, previa consulta con “instituciones del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos y los derechos ciudadanos”.
El órgano de aplicación de la mecánica propuesta es la Justicia Electoral entrerriana, en tanto responsable de la legitimidad del proceso eleccionario, así como de aplicar las sanciones previstas a quienes infrinjan la ley. También se prevé que la difusión se garantice teniendo presentes las particularidades de la comunicación social en nuestra provincia, para que todos los canales de TV abierta, por cable o satelital, incorporen el debate en una suerte de “cadena provincial”. Quienes no lo hagan serán pasibles de sanciones en su participación en la pauta publicitaria oficial de la provincia”, detalló.
SANCIONES. Concretamente, el proyecto prevé que “la ausencia a cualquiera de los dos debates obligatorios, sin razones debidamente justificadas ante el Tribunal Electoral, motivará la inhabilitación de la postulación e implicará, en el caso que lo hubiera, el cese automático de la difusión de todo espacio publicitario asignado a la agrupación política a la cual represente el candidato”.
Además, se propone la incorporación del inciso C al artículo 6° de la Ley N° 9659, el cual agrega que se denegará la pretensión de oficializar candidaturas: “Si la postulación de gobernador no incluye adjunta una declaración jurada del aspirante comprometiendo su participación en los debates obligatorios consignados en la presente ley”.
El legislador socialista consideró que “el Estado debe obligar a debatir a quienes se postulan como gobernador, para que el electorado pueda contar con una mayor cantidad de elementos de juicio a la hora de ejercer su derecho al sufragio”, y adelantó que “nos vamos a contactar con todos los precandidatos a gobernador de la provincia para que respalden esta iniciativa expresen su compromiso a debatir. Sería importante que todos los precandidatos se expresen sobre este asunto y que promuevan la discusión de una propuesta como esta hacia sus respectivas fuerzas políticas”, concluyó.
FUNDAMENTOS. En tanto, en los fundamentos de la iniciativa, se indica: “Entendemos que el conocimiento acabado de las propuestas y planes de los candidatos a gobernador, en una provincia cuya estructura institucional no requiere una segunda vuelta y en la que, además, se le asegura al ganador la mayoría en la Cámara de Diputados, es una necesidad ciudadana, y por ende el debate entre quienes aspiran a ocupar ese lugar, un bien público”.
Se afirma que “la democracia no se construye solamente con elecciones limpias y con la extensión de los derechos políticos. Una piedra fundamental de este régimen político es la posibilidad por parte de los actores que compiten por los cargos públicos de tener voz y discusión en el espacio público en condiciones igualitarias y no arbitrarias”.
La propuesta se basa en el entendimiento de que “el intercambio de ideas y propuestas deben estar orientados a incrementar la racionalidad del proceso electivo, a brindar a la ciudadanía elementos informativos necesarios para la deliberación, que luego se plasmarán en el voto en cada instancia electoral”.
“Todo derecho implica obligaciones. Pero en el caso de los derechos humanos, mientras el sujeto goza del derecho, la obligación está en cabeza del Estado. El ciudadano tiene el derecho a elegir a sus gobernantes, y a recibir información completa, adecuada, veraz y oportuna para hacerlo de manera verdaderamente libre”, razón Viale.
Por eso considera que el Estado debe obligar a quienes se postulan para gobernador, de modo que el electorado pueda “contar con una mayor cantidad de elementos de juicio a la hora de ejercer su derecho al sufragio, puesto que le brindará un conocimiento más vasto de las ideas y proyectos de los candidatos, favoreciendo así el voto informado”.
Destaca, por último, que su propuesta “equipara las condiciones entre los candidatos, evita que los oficialismos permanezcan en la posición de no exponerse a ser criticados en público y tener que dar respuesta, y nos resguarda de oposiciones irresponsables. Todos los candidatos pueden así exponer en paridad sus propuestas”.
