Las acciones para que las compañías de telefonía móvil cumplan con un eficiente servicio, no sólo son una discusión que se está dando en el ámbito provincial. A raíz de las fallas y el corte que se produjeron el pasado 10 de mayo en los abonados de la empresa Telecom Personal, en el Congreso Nacional también se comenzaron a discutir varias alternativas para tomar cartas en el asunto.
Desde la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación se pidió que se intime a las empresas para que compensen a los usuarios por las deficientes prestaciones. Pero eso no es todo. Hay una propuesta de parte de los Defensores del Pueblo de la Argentina para que a la telefonía móvil se la declare y se la reconozca como un servicio público. Según se dijo, la idea de esta iniciativa es para que se garantice a los usuarios un correcto funcionamiento del servicio.
Si bien la propuesta de los defensores aún no se plasmó en un proyecto, la iniciativa ya llegó a oídos de los legisladores. En el caso de Entre Ríos, el diputado nacional Fabián Rogel (UCR), anunció que en los próximos días se reunirá con el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, para conocer detalles de la propuesta adelantada, aunque puso algunos reparos.
Pasos previos. Para el legislador radical es necesario, antes de declarar a la telefonía móvil un servicio público, poner en funcionamiento una de las comisiones, que a su entender es esencial para el control de las compañías, como es la de Reforma del Estado y Seguimiento de las privatizaciones. “Lo que propongo es que, antes de llegar a una declaración de servicio público, que se convoque a esa comisión bicameral, que no está en funcionamiento, y así poder, por un lado sistematizar las denuncias que se hacen en todo el país y, además, conocer las inversiones que hacen las empresas”, explicó en diálogo con EL DIARIO.
Al explicar su iniciativa, Rogel indicó que esa comisión bicameral tiene más amplias facultades, que la actual comisión de defensa al consumidor y usuario, ya que se puede tener acceso a los pliegos y a los niveles de inversión.
“Las compañías hoy cobran por servicios que no prestan. Y por eso se debe hacer un seguimiento y control. El martes pasado, vino un representante de las compañías de telefonía y reconoció que la mala calidad del servicio es por el retraso tecnológico”, indicó.
En ese sentido, dijo que una vez que se logre sistematizar el sistema de denuncias de los usuarios y avanzar en el proceso de inversión, se puede pensar en la declaración de servicio público. “Lo que creo es que no se puede avanzar en ese sentido sino se tiene en cuenta una revisión de las compañías”.
Pedido. Lo que los Defensores del Pueblo de Argentina proponen es que la telefonía móvil sea reconocida como un servicio público. La decisión se tomó luego de la reunión que mantuvieron en Santa Fe, donde se puso de relieve los reclamos que reciben estas dependencias y en la que se hace hincapié en las innumerables deficiencias que presenta la telefonía móvil en el país.
Los defensores indicaron que la comunicación vía celulares es un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades en forma continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea privada. Por eso, indicaron que es necesario limitar y establecer su regulación, registros y tarifas, con el fin de garantizar un régimen de protección al más débil.
“La telefonía móvil tiene que ser considerada un servicio público y el Estado debe poder regular y controlar esta prestación. Es que el uso del celular ha crecido mucho y en el caso de los sectores más humildes de la población, prácticamente reemplaza al teléfono fijo”, dijo el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay.
En el plenario también se plantearon las fallas del sistema ocurridas en las últimas semanas en Paraná y Santa Fe.
Respecto a los inconvenientes, el diputado nacional Julio Solanas (FPV), como vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y vocal de la Comisión de Comunicaciones, presentó un proyecto de resolución “para que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor recurra a todos los medios para que las empresas prestadoras compensen, indemnicen y reparen a los usuarios damnificados”.
Durante la última reunión de comisión, el legislador entrerriano puso a consideración un pedido de sanción a la compañía. Según se desprende de la resolución (expediente Nº 4285 D–2013), se pide que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación recurra a todos los medios normativos a su disposición, “para que las empresas responsables de los cortes en el servicio telefónico móvil compensen, indemnicen y reparen prontamente los perjuicios ocasionados a los usuarios damnificados. Pretendemos que se apliquen rigurosamente todas las medidas sancionatorias previstas en la normativa”, apuntó el legislador.
En cuanto a la compensación que hizo la empresa Personal a los usuarios, acreditándoles 3.000 mensajes por día, fue cuestionado por el legislador, quien reconoció que para poder usar esos mensajes de textos los clientes debían mandar un promedio de 41 mensajes por hora. “Esto resulta una burla, sobre todo porque estas empresas les ha ido muy bien y brindan un servicio pésimo”, concluyó.
Personal se
presentó en Defensa del Consumidor
Representantes de la empresa Telecom Personal se hicieron presentes ayer en la Dirección General de Defensa del Consumidor, con relación al expediente iniciado tras la denuncia formulada por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) a raíz del deficiente servicio de telefonía celular entre el 10 y el 17 de mayo pasado.
La empresa hizo saber a EL DIARIO que se ha puesto “a disposición” del organismo a cargo de Juan Carlos Albornoz para “trabajar en conjunto”, se indicó. “Se ha puesto de manifiesto el compromiso por lograr una óptima calidad de servicio”, se informó desde la firma que en la audiencia aprovechó la oportunidad de “informar sobre el plan de reconversión tecnológica” que desarrolla la empresa en todo el país a los fines de “hacer más eficiente la red”. Se aseguró en una explicación a los problemas suscitados que obedecieron a la realización de estos trabajos.
Se dio cuenta además de las compensaciones que la empresa decidió otorgar a los usuarios con los 3.000 mensajes gratis y un descuento del 15% de descuento en el abono, en el caso de los clientes con factura.
Ante la consulta por los resultados de la reunión, Albornoz informó que fue el gerente legal de la empresa, Hernán Colombo, quien se apersonó en el organismo. “Vinieron a charlar, a interiorizarse de la denuncia”, dijo y recordó que la empresa no se había presentado en la audiencia de conciliación que se había convocado oportunamente.
“Minutos antes de esa audiencia enviaron una nota pidiendo que se posponga la reunión. Pero estuvieron los denunciantes, ratificaron la denuncia y rechazaron la solicitud de prórroga”, informó Albornoz, que recordó que la decisión fue promover sanciones a la empresa.
Dijo que se ha pedido una reunión con la gerencia general y que la expectativa es que se pueda mejorar la compensación de la empresa para acercar posiciones con los denunciantes.
Concluyó que el trámite continúa con la espera de alguna respuesta de la empresa aunque la multa “ya corresponde” por la violación a la legislación vigente.
Fuente: El Diario
