Tras nueve meses de debate en el juicio oral y público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná; integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, condenó a los represores juzgados en la denominada causa (Albano) Harguindeguy a prisión perpetua, pero cumplirán la pena en sus domicilios.
A los jefes militares de Concordia y Gualeguaychú, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino, en se los encontró coautores responsables de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tomentos; así como las desapariciones forzadas seguidas de homicidio agravado de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi.
En tanto, quienes integraban la Policía Federal de Concepción del Uruguay, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, recibieron penas de 10 y 15 años de prisión. Todos ellos cumplirán la sentencia gozando del beneficio de reclusión domiciliaria, hecho que indignó a los familiares de las víctimas presentes en la sala de audiencias y causó momentos de tensión cuando algunas mujeres se descompusieron.
Fueron absueltos los ex policías Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez, y el militar retirado Santiago Kelly del Moral. Antes de escuchar el veredicto, los imputados expresaron sus últimas palabras ante los jueces, oportunidad en la que ratificaron su inocencia manteniendo su pacto de silencio.
En las semanas previas, los querellantes y fiscales solicitaron condenas para todos los imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas y los homicidios de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Dezorzi, que aun permanecen desaparecidos. Además, los represores fueron acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de opositores políticos.
Por ese motivo, se pidieron la condena a reclusión perpetua para Dasso y Valentino y penas de entre 12 y 25 años de prisión para el resto de los imputados. Los fiscales solicitaron que las condenas se cumplan en cárcel común y los querellantes reclamaron al tribunal que admita que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio. En tanto, los defensores pidieron la absolución de todos ellos.
Los fundamentos se conocerán recién en febrero de 2013, tras la feria judicial–, después de escuchar a casi doscientos testigos y recorrer los sitios donde estuvieron cautivas 29 víctimas.
Respecto del otro imputado, Marcelo Alfredo Pérez; ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, su defensa presentó un escrito pidiendo que se lo exima de este acto, ya que se encuentra internado por problemas de salud.
El 27 de diciembre de 2012 será un día de justicia para los familiares y víctimas de la represión ilegal en el este entrerriano llevada adelante por siete represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar.
Organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, como también del resto de la provincia, se movilizaron hasta la capital provincial para participar del acto por el cierre del histórico proceso judicial que juzgó los crímenes de la dictadura.
En tanto, en Concepción del Uruguay, también hubo un acto, ya que un grupo de militantes presenció por videoconferencia la lectura de la sentencia desde el Juzgado Federal y luego realizó una movilización hasta la delegación de la Policía Federal, que fue un centro clandestino de detención en el que estuvieron secuestrados estudiantes secundarios, militantes políticos, sociales y gremiales en julio de 1976.
