El diputado nacional Fabián Rogel sostuvo que la modificación propuesta por el peronismo al régimen de reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley 24.557), “es una manera de mantener el modelo de los años ’90 de Carlos Menem” y “el actual sistema de ART debió ser reemplazado por uno nuevo”.
La reforma pretende evitar que un trabajador que cobre la indemnización del sistema, luego pueda recurrir a la justicia civil.
Sostuvo que éstas modificaciones al actual sistema, “no solo debilitan la cobertura que debe tener todo trabajador en materia de accidentes de trabajo, sino que mantienen un sistema que privilegia los negocios de determinados empresarios y determinados gremialistas por sobre la salud de los trabajadores”. “Con las modificaciones introducidas hoy por el oficialismo, se beneficia al empresariado achicando costos laborales a expensas de beneficios y conquistas de los trabajadores”, apuntó el legislador que, como lo hizo en las políticas destinadas al sistema ferroviario acusó al kirchnerismo de mantener estructuras generadas durante el menemismo.
En este sentido, adelantó que propondrá la creación del “Instituto Nacional de Políticas de Prevención y Reparación de Daños derivados de accidentes de trabajadores y enfermedades profesionales”. La creación de este organismo es lo que muchos esperaban, tal cual lo ha solicitado la CTA.
La salud de los trabajadores – sostuvo Rogel, “no puede estar sujeta a una oferta económica de la patronal, oferta que casi siempre se hace en situaciones de angustia para el trabajador y su familia. Tampoco deben intervenir los gremios construyendo negocios paralelos de algo que el único capaz de llevarlo adelante de manera imparcial es el Estado”, agregó.
Por último, el radical señaló que en el Instituto que propone “deberán estar sentados los representantes de los trabajadores, pero es el Estado Nacional el que debe llevar adelante la cobertura integral, sin distinción de sectores, características laborales o sector dinámico del trabajo alguno”.
“El Estado debe garantizarle a todo trabajador de cualquier parte del país y perteneciente a cualquier actividad, una cobertura igualitaria despojada de intereses económicos que lucren con la salud o la muerte de los trabajadores”, concluyó.
Fuente: Página Política
