Fue aprobada ayer por unanimidad la ordenanza para que el Municipio ceda un inmueble para construir el nuevo Centro de Convenciones anunciado esta semana por el gobierno provincial y municipal.
Al proyecto original le fue incluida una modificación propuesta por el concejal socialista, Marcelo Haddad, que dispone que las obras deberán iniciarse dentro del plazo de cuatro años luego de transferido el inmueble. De lo contrario, la propiedad debería volver a manos del Municipio. Durante el debate, los ediles Miguel Rettore (UCR-I), Haddad (PS) y Roxana Villagra (UCR) expresaron sus diferencias en relación a las prioridades en la planificación y las obras públicas.
De todos modos, ninguno dejó de votar positivamente para que el Municipio pueda ceder al Instituto Antártico Provincial del Seguro un inmueble adyacente al Centro Cultural La Vieja Usina.
El predio municipal tiene 1.790 metros cuadrados de superficie, está emplazado sobre calle Juan de San Martín al final, y forma parte de una superficie mayor que pertenece a la provincia (también cedido al IAPS) donde se levantará el nuevo Centro de Convenciones, Paraná del Bicentenario.
IMPORTANCIA. El presidente del cuerpo legislativo, Gastón Grand, bajó a una banca para argumentar la iniciativa y la enmarcó en la política de desarrollo turístico. A su vez, afirmó que el edificio surgirá de un concurso de diseño y precio. Especificó que el valor de la inversión oscilará entre los 50 y 65 millones de pesos e indicó que será una superficie 5.000 metros cuadrados cubiertos para una capacidad de 2.500 concurrentes.
El viceintendente destacó que será la Provincia, a través del Instituto del Seguro, la que financiará la obra. También resaltó el efecto positivo que generará sobre la economía local en cuanto a perspectiva de empleo y actividad.
Finalmente, reconoció el acompañamiento de todos los concejales porque “la ciudad debe estar por encima de todas las cuestiones coyunturales y de las diferencias políticas”.
MATRICULADOS. En otro orden, los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza propuesto por Cristina Sosa (FJPV) que dispone la publicación en la página web del Municipio la lista de matriculados habilitados para las instalaciones de gas y de electricidad y los números telefónicos para emergencias o el mal funcionamiento de alguna instalación.
INFORMES. Tres pedidos de informe contaron con los apoyos necesarios para que se les diera curso. Uno está relacionado a la transparencia de los actos públicos del gobierno municipal, otro a la situación laboral de varios agentes municipales (Haddad, Rettore y Berón) y el tercero al estado de la motoniveladora Nº 444 perteneciente a la unidad de Conservación Vial.
REPUDIOS. Los concejales repudiaron la agresión sufrida por jóvenes militantes del radicalismo al momento de estar realizando pegatinas en el marco de la campaña proselitista. Los integrantes de la UCR habían sido amenazados con disparos de arma de fuego el lunes por la noche.
Todos los ediles también condenaron el atentado sufrido por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El mandatario sufrió una balacera sobre el frente de su casa. A su vez, fue rechazada la agresión padecida por el ex gobernador de Chaco, Ángel Rozas, por parte de una patota.
Asimismo, fue rechazada la decisión de Uruguay de autorizar el aumento de producción de pasta de celulosa por parte de UPM (ex Botnia).
AL MARGEN
En la sesión de ayer ingresaron los proyectos de Presupuesto Municipal 2014 y el Código Tributario Municipal. Ambos fueron remitidos a la comisión de Hacienda para que los ediles le den tratamiento.
Regulación de gimnasios
También fue aprobado por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el concejal Enrique Ríos (FJPV) por el cual se insta al Ejecutivo a que haga efectivo el cumplimiento de la ordenanza (8903) que regula el funcionamiento de gimnasios en Paraná.
La norma, sancionada en 2010, establece que las actividades deben ser responsabilidad de un profesor de Educación Física y en el caso de técnicos, instructores o personas idóneas tienen que poseer certificado o título de la disciplina que dictan.
A su vez, dispone que las personas que asisten a estos establecimientos deben presentar certificado o constancia médica que los habilite a realizar actividades físico deportivas.
Además, deben contar con cobertura de un servicio de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. Asimismo, prohíbe la venta de productos nutricionales, medicamentos, fármacos, estimulantes, esteroides, anabólicos o bebidas alcohólicas.
Fuente: Franco Giorda para El Diario
