Una jueza de Bariloche es amenazada y hostigada por un hombre que no fue beneficiado por un fallo
Marcela Pájaro, titular del juzgado N°7 de Familia de Bariloche, es víctima del hostigamiento sistemático por parte de Sebastián Escalada. La amenazó dos veces de muerte, organizó varios escraches, la ataca por las redes sociales y hasta se pasea con un auto ploteado con frases en que la inculpa de ser responsable del «robo» de sus hijas.
Desde hace tres años que la jueza de Familia de Bariloche Marcela Pájaro recibe hostigamiento y amenazas por parte de Sebastián Escalada, disconforme con uno de sus fallos. En el último tiempo, el hombre de 49 años intensificó la violencia hacia ella: organizó un grupo de padres que realizan violentos escraches, submensajes y videos a las redes sociales atacándola y pidiendo su destitución y hasta se pasea por la ciudad con un auto ploteado acusándola de haberle robado a sus hijas. En dos ocasiones la amenazó de muerte: una de ellas fue en plena cuarentena cuando fue a buscarla a los tribunales y como no lo dejaron ingresar dijo que iba a «volar» el edificio.
La justicia lo imputó por amenaza, dictó una restricción de acercamiento pero el hombre la violó en varias ocasiones. Como consecuencia del brutal ataque la jueza vive con miedo y hasta tuvo que pedir una licencia psiquiátrica. Tiene custodia policial las 24 horas.
El ensañamiento de Escalada con la titular del juzgado N°7 de Familia de Bariloche data de 2017, cuando le otorgó un permiso de viaje a su ex esposa y a las dos hijas de ambos. La mujer, de origen estadounidense, pidió viajar con las nenas al Estado de Texas para visitar a su papá que estaba gravemente enfermo. La magistrada la autorizó pero con la condición de que debían regresar pasados los 60 días. Cuando finalizó el plazo la mujer pidió una prórroga de su estadía, la jueza se la denegó e intimó a que regresen en el plazo de 15 días pero nunca más regresaron. Escalada culpa a la jueza de no ver a sus hijas desde entonces.
Como el hombre tiene prohibida la entrada a Estados Unidos porque había sido deportado en 2009 por dos causas judiciales -una por matrimonio fraudulento y la otra por un delito de defraudación en la transferencia de una compañía- en ese momento recurrió a un trámite de restitución internacional pero le fue denegado. La Cancillería determinó que sería peligroso para la integridad de la ex esposa y las niñas, según informaron los abogados de Pájaro.
La abogada Karina Paola Chueri, parte del equipo que representa a la jueza, contó a minutouno.com que Escalada tiene un pasado problemático con la justicia internacional. Varios años antes de que Estados Unidos le prohibiera el ingreso, el hombre fue imputado en Paraguay, en 1997, por estupro y corrupción de una menor. Un informe sobre derechos humanos del Centro de Documentación y Estudios, una organización no gubernamental de ese país, informó entonces dictaron su prisión por comercializar “videos con escenas sexuales entre el mismo y la joven, con quien mantenía una relación de noviazgo”. Escalada se habría fugado de Paraguay y nunca cumplió la condena.
Ensañamiento, amenazas y delitos de violencia de género
“Nunca viví una situación así, son días de pesadillas”, expresó la doctora Pájaro el pasado 23 de julio durante una entrevista en la radio El Cordillerano Radio y añadió “son días difíciles, estoy acostumbrada y soy una persona bastante fuerte, una está acostumbrada a algunas cosas que por más que no le gusten están dentro del marco de la libre expresión. Que la gente critique, que ponga en duda lo que se le ocurra, es así, pero esto es demasiado”.
Días antes, el 21 de julio el fiscal titular de la Unidades Fiscales Temáticas (UFT)N°21 de delitos de violencia de género le imputó a Escalada amenazas en contexto de violencia de género. Chueri explicó que son hechos recientes los que iniciaron la denuncia. El primero fue el pasado 12 de marzo en el marco de una charla organizada por Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche. Pájaro había sido invitada para exponer y Escalada se presentó en el lugar de forma violenta y le dijo a uno de los disertantes: “¿Qué tengo que hacer, matar a la jueza?”. El segundo, fue en plena cuarentena, cuando junto a un grupo de hombres fue al juzgado en el que trabaja Pájaro. Por la pandemia el lugar estaba cerrado al público, como no los dejaron ingresar Escala dijo: “¿qué es lo que esperan que haga? ¿que tenga que volar el edificio?”.
“Marcela recibe hostigamientos y todo tipo de intimidaciones desde hace mucho tiempo por parte de este hombre. Cada vez que se presenta en un acto público o una charla académica, él está ahí. Armó una organización con otros padres que tienen la utilización de la violencia como único método de reclamo”, dijo la abogada. Escalada inició además en las redes sociales una campaña en contra de la jueza y armó un grupo que se llama “Víctimas de la jueza Pájaro”.
El equipo de abogados que representa a la jueza hizo hincapié en el contexto de violencia de género que tiene la causa. “Ella no fue la única funcionaria judicial que en Bariloche se expidió en este sentido pero sólo a ella se la cuestionó por su calidad de jueza, se la violentó y hasta llegaron a criticarla como persona y por su voluntad de no haber querido gestar, la descalificaron por haber optado por no ser madre”, explicó Chueri.
Escalada hizo una denuncia contra ella en el Consejo de la Magistratura la cual fue desestimada y se ordenó su archivo por considerar que no hay causa alguna para iniciar un jury por mal desempeño.
En paralelo, inició el hombre denunció a la mamá de sus hijas por falsificación de un documento y por desobediencia e impedimento de contacto. En ambas ella fue sobreseída. «Escalada nunca se expidió en contra de los magistrados de esa causas, ni culpó a la ex, para él la única culpable de que no pueda ver a sus hijas es la doctora Pájaro».
El auto con el que el hombre se pasea por todo Bariloche está ploteado con inscripciones que dicen: “Quiero ver a mis hijas. Gobierno de Río Negro. Hágase responsable y den la cara” y “Jueza María Marcela Pájaro responsable. Denunciada en el Consejo de la Magistratura más de una vez”. La abogada contó que existe una orden de otra jueza de familia que le prohíbe este tipo de exhibiciones o de exposición de las niñas y que además ellas decidieron que presentarán una demanda.
Varias organizaciones de Bariloche expresaron su apoyo a la magistrada entre ellas APDH, UnTER Seccional Bariloche, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos Zona Andina y la Red de Mujeres para la Justicia. La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF) emitió un comunicado brindándole apoyo «no solo a su persona, sino a su carrera judicial, a su profesionalismo, a su ética comprometida y a sus virtudes como profesional del derecho”.
La jueza, quien trabaja hace 18 en la justicia, falló a favor de la aplicación de protocolos de interrupción legal del embarazo, del cambio de apellido paterno en el caso de situaciones de abusos intrafamiliares, preservó la seguridad de madres e hijos en situaciones en las que padres violentos solicitaban régimen de comunicación y de visitas, entre otros casos.
